Los presupuestos llegan al Congreso sin apoyo suficiente
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, para cuya aprobación aún no cuenta con los apoyos suficientes.
El proyecto será calificado por la Mesa del Congreso iniciándose así su tramitación parlamentaria en un proceso para el cual goza de preferencia sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, tal y como lo establece el propio Reglamento de la Cámara.
El siguiente plazo será su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y la solicitud de comparecencias de los altos cargos del Gobierno y del sector público e institucional para que expliquen en detalle las cuentas de los distintos ministerios.
A falta de la aprobación de un calendario definitivo, estas comparecencias se celebrarían, según las estimaciones que maneja la Comisión de Presupuestos, entre el 16 y 19 de abril.
El viernes de esa misma semana, el día 20 de abril, es la fecha tope que se maneja para presentar enmiendas a la totalidad, con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno español. Ese debate se calcula para la semana siguiente, en torno al 25 de abril, ya en el Pleno del Congreso.
Tras el debate se votarán conjuntamente las enmiendas de totalidad, ya que todas ellas piden lo mismo: la devolución del proyecto al Gobierno central. De esa votación dependerá el futuro de los Presupuestos de 2018, pues ahí se decidirá si las cuentas siguen su tramitación o si son tumbados por la oposición.
Para entonces, el Ejecutivo necesita contar con los apoyos necesarios que permitan asegurar la tramitación del proyecto y sumar, como ya hiciera el año pasado, 175 escaños que garantizarían al menos el empate, lo que posibilitaría derribar las enmiendas de la oposición.
Además de sus socios electorales UPN y Foro, y sus aliados de investidura Ciudadanos y Coalición Canaria, el PP necesita contar con los cinco diputados del PNV.
La formación jeltzale sostiene que, mientras se encuentre en vigor la intervención política del Gobierno español en Cataluña, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no se dan las condiciones para apoyar, y ni siquiera negociar, los Presupuestos Generales.
Con el visto bueno del PNV, el Gobierno ya contaría con apoyos suficientes para superar ese primer escollo parlamentario y poder controlar su tramitación tanto en fase de ponencia como en la Comisión de Presupuestos, donde no está toda la oposición.
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