Torrent denuncia a Llarena por detención ilegal de diputados y prevaricación
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este viernes al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, y a otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo a los que acusa de delitos contra los derechos fundamentales de los diputados en prisión y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la cámara y prevaricación judicial.
La decisión de actuar judicialmente contra Llarena se tomó en la Mesa del Parlament con los votos a favor de JxCat y ERC. En principio se anunció una querella, pero finalmente ha sido una denuncia.
En la denuncia, que se ha presentado la mañana de este viernes en el registro del Tribunal Supremo dirigida a la Sala Segunda, consideran que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.
Considera que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.
Ataque al Pueblo de Cataluña
"La limitación de los derechos de los diputados no violenta únicamente sus derechos subjetivos, y constituye un ataque contra la institución que presido, sino también contra los derechos de todo el pueblo de Cataluña, que han visto limitados sus derechos de representación política al no permitirse a los elegidos ejercer su mandato parlamentario", defiende Torrent en la denuncia.
Atribuye a estos magistrados la "sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad" que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión y raigambre política, añade.
Además, expresa que algunos razonamientos de los magistrados denunciados en sus autos "son indiciariamente reveladores de una conciencia de antijuridicidad, al introducir valoraciones extrajurídicas y claramente políticas", como, por ejemplo, la interpretación del desasosiego que según ellos sentiría más de la mitad de la población catalana y la práctica totalidad de la población española, relata la denuncia.
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