Loza: 'Es posible que haya nuevos acercamientos de presos de ETA en verano'

Jesús Loza, delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma Vasca, ha anunciado que "es posible que haya nuevos acercamientos de presos de ETA antes de que acabe el verano".

Loza, en una entrevista en la Cadena SER, ha enmarcado esas decisiones en una nueva política penitenciaria "orientada a la convivencia" y las ha condicionado a que los presos hagan un proceso de autocrítica. "Vamos a poner en marcha algo parecido a lo que fue la vía Nanclares", ha dicho.

El delegado ha justificado el traslado de los presos Olga Sanz y Xabier Moreno, excolaboradores del 'Comando Vizcaya' de ETA, de la cárcel de Villabona, en Asturias, a la de Basauri, en el "cumplimiento estricto de la legalidad".

"No es un beneficio penitenciario", ha explicado, que ha recordado que los presos "habían cumplido todos los requisitos que establece la ley para su reinserción". Loza ha añadido que Sanz pasó a tercer grado en febrero pasado, bajo el mandato del PP; mientras que Moreno lo hizo el pasado 31 de julio, bajo el del PSOE.

"No hay una decisión política; es un cumplimiento estricto de la legalidad", ha declarado Loza. Sin embargo, ha reconocido que "es un gesto, una muestra a los reclusos de cuál es el camino a seguir. El objetivo de la política penitenciaria es la reinserción y esta va ligada a la autocrítica. Un preso no se acuesta terrorista y se levanta demócrata de toda la vida. Es un proceso y en él puede necesitar ayuda. La Administración puede ayudarle, pero es el preso el que debe dar los pasos".

Según el delegado, "una ayuda fundamental sería que la izquierda abertzale hiciera un proceso de autocrítica, que ayudara a los presos a hacer ese camino". Sin embargo, Loza ha criticado que ésta, por un lado, les anime a reinsertarse, pero, por otro, les ponga como líneas rojas la no delación y el no arrepentimiento.

A favor del acercamiento

Más allá de este caso puntual, Loza ha defendido el acercamiento de los presos a Euskadi: "El acercamiento es tan legal como el alejamiento. No es un beneficio penitenciario. Son dos decisiones que toma la Administración penitenciaria", ha señalado.

Según Loza, "la pregunta que debemos hacernos es si para tener una convivencia plena en Euskadi es mejor mantener a los presos a mil kilómetros de distancia del País Vasco en primer grado o apoyar ese proceso de reinserción. A mi juicio, la respuesta es sencilla: es mucho mejor para todos apoyar la reinserción".

El delegado ha confirmado que "este traslado se ha producido con conocimiento de las víctimas", y se ha alegrado de que el PP no se haya opuesto frontalmente al mismo. A su juicio, "es muy importante que exista un consenso entre PP y PSOE. Esto es política de Estado".

La diputada de EH Bildu en el Parlamento Vasco Jasone Agirre ha afirmado que "el Gobierno tiene simplemente que cumplir la ley" para que los presos cumplan condena en cárceles cercanas a su domicilio y, en este sentido, ha apuntado que "ninguna ley dice nada sobre el perdón", que considera "una cuestión personal".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Agirre ha señalado que el traslado supone "simplemente cumplir la legalidad".

Críticas del PP y Ciudadanos

Juan Ignacio Zoido, exministro de Interior, ha criticado el traslado de Sanz y Moreno, y ha defendido que las víctimas del terrorismo merecen el "máximo reconocimiento". A su entender, no es "justo" que se falte a su "memoria" y "dignidad" para "pagar favores" al PNV.

Carlos Iturgaiz, eurodiputado del PP, también ha trasladado su malestar mediante una carta a Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior. El exdiputado del Parlamento Vasco critica que los dos presos trasladados, que se han desvinculado de ETA, no hayan pedido perdón, a pesar de que intentaron matarle cuando fue presidente del PP en el País Vasco.

"Ninguno de ellos se ha puesto en contacto conmigo a tal efecto", dice Iturgaiz, que también enmarca la decisión como "parte del peaje que este gobierno debe pagar a sus apoyos nacionalistas e independentistas".

Ciudadanos (Cs) ha cargado contra el Gobierno español por el traslado porque considera que se debe a "las hipotecas" que adquirió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el PNV y EH Bildu a cambio de sus apoyos en la moción de censura para derrocar al expresidente Mariano Rajoy.

"Nos parece un pago de Sánchez", ha afirmado el secretario general del grupo parlamentario de Cs en el Congreso, Miguel Gutiérrez. Según el diputado naranja, el Gobierno socialista ha roto "de forma unilateral el consenso" en torno a la dispersión de los presos de la disuelta organización.

Covite y AVT

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha afirmado que el traslado ha sido "absolutamente legal", y ha apuntado que se autorizó con la Administración del PP. Tras considerar que los populares pretenden hacer "oposición" con esta cuestión, ha apuntado que éstos "tenían ya pactado con el PNV los acercamientos, sin condición ninguna, y la transferencia de prisiones".

Además, ha asegurado que su colectivo no se niega a que se acerque a los reclusos, pero ha reclamado a Pedro Sánchez que establezca a los reclusos como requisito que "renieguen" de ETA.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no cuestiona el traslado, aunque cree que es una "cortina de humo" para futuras "cesiones".

El consejero de la AVT Miguel Folguera ha apuntado que el traslado de los dos presos "cumple con los requisitos establecidos por la ley", pero asegura que la asociación estará "vigilante" ante los movimientos que puedan darse en las próximas semanas o meses.