ELECCIONES 29-N
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El Supremo permite votar a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto de 189 678 descendientes en las elecciones del 29 de noviembre, pero mantiene la suspensión para sus progenitores nacionalizados mediante esta ley.
TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto de los hijos e hijas de las personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos. En total, 189 678 personas podrán votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, después de que el alto tribunal haya desestimado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox.

La decisión establece una diferencia entre los descendientes y sus progenitores. Estos últimos, nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, tienen suspendido cautelarmente el derecho a voto, salvo que acrediten ser descendientes de personas exiliadas.

El Supremo mantiene suspendido el voto de 162 454 nacionalizados

Por otra parte, el tribunal ha rechazado revisar la suspensión cautelar del derecho a voto de las personas que adquirieron la nacionalidad española directamente mediante la ley de nietos. Se trata de 162 454 personas, que seguirán sin poder acudir a las urnas mientras se mantenga esta medida.

El Supremo reconoce que existen argumentos para cuestionar también la inscripción de sus hijos e hijas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Sin embargo, considera que, a tan pocas semanas de las elecciones, suspender ahora su derecho a voto plantearía importantes dificultades para llevar a cabo la medida.

Seguridad jurídica a pocas semanas de las elecciones

La Sala advierte de que revisar el censo electoral en este momento exigiría la intervención de distintas administraciones y terceros, con un margen de tiempo muy reducido. Además, señala que el voto en urna en los consulados para los electores residentes en el extranjero comenzará en apenas dos semanas.

Por ello, considera que una nueva modificación del censo podría afectar a la seguridad jurídica y a la estabilidad del proceso electoral.

La resolución incluye un voto particular discrepante de uno de los seis magistrados, que considera que también debería haberse suspendido el voto de los descendientes para mantener el mismo criterio aplicado a sus progenitores. Otra magistrada comparte la decisión, aunque discrepa de parte de la argumentación.

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