Los responsables de Educación niegan las acusaciones en el 'caso de los comedores'

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, al igual que tres de sus antecesores en el cargo, han negado hoy responsabilidades políticas de sus respectivos departamentos en el reparto de mercado y fijación de precios entre las empresas adjudicatarias de los comedores escolares.

Cristina Uriarte, Isabel Celaá, Anjeles Iztueta y Tontxu Campos han comparecido hoy en la comisión del Parlamento Vasco que investiga el papel del Ejecutivo autonómico en este reparto de mercado y de precios que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) da por probado que se produjo entre 2003 y 2015.

En 2016, la AVC impuso una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por ello. Algunas de las firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó en 2017 la sanción en un 60 % porque entendió que hubo un pacto entre ellas que fue posible gracias a la falta de "reacción, indagación, consulta o prevención" del Gobierno Vasco.

Según ha declarado Cristina Uriarte (PNV), los comedores de los centros de enseñanza públicos de Euskadi fueron sometidos a 508 auditorías presenciales el año pasado, unos controles que se efectúan sin aviso previo y con los que se pretende garantizar la calidad del servicio.

La consejera ha subrayado que el nuevo modelo cuenta con el "aval" de la Autoridad Vasca de la Competencia y, al igual que los anteriores responsables del departamento, ha afirmado que en todo momento se han "cumplido" los principios de contratación pública.

Isabel Celaá (PSE-EE), que fue consejera entre 2009 y 2012, ha asegurado que "ni la colusión ni el pacto entre empresas fue intuido por el Gobierno, ni por la oposición ni por la opinión pública".

Celaá ha subrayado que todos los gobiernos han actuado desde el año 2000, cuando se aprobó la orden que regula la gestión de los comedores escolares, "con acuerdo a los principios de contratación pública" y ha incidido en que así lo avalan distintos informes técnicos y de fiscalización.

"No podemos juzgar el pasado con información del presente. La sensibilidad que se tiene sobre contratación pública y libertad de competencia se ha incrementado. Nadie nos dijo en el pasado que esta práctica de reparto se estuviera produciendo, ni se sospechó. Todo se hacía con la máxima transparencia", ha concluido.

Tontxu Campos (EA), que desempeñó el cargo entre 2005 y 2009, ha considerado "un exceso" que haya quien pretenda reclamar responsabilidades políticas por el 'caso de los comedores escolares'.

Campos ha manifestado que su departamento actuó en todo momento "con la mejor voluntad", y que "si unas empresas se juntaban para engañar al Gobierno Vasco", desde el Ejecutivo no se percibió "indicio" alguno de ello.

"Actuamos lo mejor que pudimos en función de la información que teníamos. No teníamos sospecha ni indicio alguno de que pudiera haber alguna intención maliciosa o irregularidad", ha explicado.

Anjeles Iztueta (EA) también ha asegurado que el servicio de comedores escolares se adjudicó de acuerdo a la normativa.

La que fuera consejera de Educación entre 2001 y 2005 ha subrayado que tiene "la conciencia tranquila" y que la "última palabra" sobre la adjudicación de los contratos públicos residía en la Comisión Central de Contratación, dependiente del Departamento de Hacienda, y en la Comisión Jurídica Asesora, que en aquel momento estaba integrada en el área de Vicepresidencia del Ejecutivo.