Gipuzkoa buscará la 'verdad judicial' de los crímenes del franquismo
La Diputación de Gipuzkoa quiere abrir una vía para acabar con el "muro de impunidad" que entiende que la justicia española ha levantado ante los crímenes del franquismo, para lo que interpondrá una querella sobre los casos de dos personas desaparecidas en el territorio como representación simbólica de todas las víctimas.
El ente foral pretende ejercer la acusación popular en este procedimiento, simultáneo al de las familias de las víctimas, que se presentarán como acusación particular. El propósito es que la querella llegue a los juzgados de Donostia-San Sebastián de forma inminente.
La decisión de dar este paso fue aprobada este martes por el Consejo de Gobierno Foral y dada a conocer este miércoles en un acto por el diputado general, Markel Olano, el teniente de diputado general, Denis Itxaso, y la directora de Convivencia y Derechos Humanos, Maribel Vaquero.
Junto a ellos se encontraban, además de representantes de las Juntas Generales y otros cargos institucionales, familiares de Florencia Olazagoitia, natural de Arrasate, y el sacerdote tolosarra José Ariztimuño, Aitzol, que fueron fusilados durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos nunca han sido encontrados.
Ambos se consideran casos "simbólicos y emblemáticos" para representar a los 979 guipuzcoanos asesinados o desaparecidos entre 1936 y 1944, recogidos y documentados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha señalado Vaquero.
La Diputación ha optado por la herramienta del "litigio estratégico" por considerar que los del franquismo son "crímenes de lesa humanidad, que no prescriben", al enmarcarse "en un contexto de persecución generalizada y sistemática", de manera que no sería necesario la investigación de todos de forma separada, ha explicado la letrada Anais Franquesa, del bufete de abogados catalán que se encargará del procedimiento.
El juzgado de Instrucción donostiarra al que le lleguen las querellas deberá decidir si investiga la desaparición de Florencia Olazagoitia, militante socialista, madre de tres hijos de 2 a 10 años, que fue detenida en septiembre de 1936 en Arrasate cuando estaba embarazada de cinco meses. Sobre su fusilamiento y el lugar donde fue enterrada hay varias versiones pero ninguna certeza.
Tampoco se conoce el lugar donde se encuentra los restos de José Ariztimuño, sacerdote, periodista, escritor, euskaltzale y miembro activo del PNV, que tuvo una estrecha relación con el movimiento obrero a través de ELA-STV y que al estallar la guerra fue apresado, torturado y fusilado.
Nati Roa, nieta de Florencia, y Coro Arrue, sobrina nieta de Aitzol, han hablado de la necesidad que tienen las víctimas de conocer la verdad de lo ocurrido y de que se faciliten documentos archivados que puedan esclarecer las circunstancias en que se produjeron las muertes de sus seres queridos.
"Con ello, se cerrarán muchas heridas y mucho dolor", ha asegurado Nati Roa, tras la cual ha intervenido Coro Arrue, quien ha pedido que no se olvide "a todas las personas tiradas en fosas y cunetas". "Espero que estas querellas sean el principio de algo positivo", ha añadido.
Torturas en 1975 y 1976
Por otro lado, medio centenar de personas han dado su respaldo este miércoles en Tolosa a las seis personas que han denunciado las presuntas torturas que padecieron a cargo del capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas en 1975 y 1976, quienes también han recibido el apoyo unánime del Ayuntamiento de esa localidad guipuzcoana.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa también ha dado el apoyo, con la abstención del PP, a estos denunciantes.
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