Fiscal cuestiona la imparcialidad de los tribunales catalanes para juzgar a Trapero
El fiscal Pedro Rubira ha defendido hoy la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos, entre ellos al mayor Josep Lluís Trapero, y ha cuestionado la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del procés.
"¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda la rebelión y la sedición a Cataluña?", se ha preguntado Rubira en el transcurso de la vista del artículo de previo pronunciamiento celebrada para examinar las alegaciones contra la competencia de la Audiencia Nacional.
A raíz de estas manifestaciones, la Fiscalía ha emitido una nota para aclarar que "en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña", y que a lo que se refería Rubira es al ambiente de crispación por el procés y a la necesaria serenidad que ello requiere, tal y como ya recogía la querella del Ministerio Público que dio lugar a este causa.
De los cuatro acusados, dos la cuestionan, el ex secretario general de Interior César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler, mientras que los otros dos, Trapero y la intendente Teresa Laplana, han declinado presentar alegaciones asumiendo de facto que sea este tribunal el que les juzgue.
Durante la vista, celebrada ante la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que corresponde juzgar estos hechos, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, que también representa a Puigdemont, ha expuesto que desde que la Sala fijó la competencia en noviembre de 2017, al inicio de la instrucción, "el ámbito subjetivo" del procedimiento no es el mismo porque varios imputados pasaron a ser competencia del Tribunal Supremo.
Ha tachado de "vulgar o coloquial" la interpretación de la Audiencia Nacional para quedarse la causa y cree que si finalmente se les juzga en este tribunal se estaría vulnerando el derecho de los acusados al juez predeterminado por la ley.
Esto, ha advertido, podría ser interpretado en tribunales europeos "como la articulación de un tribunal de excepción para un caso concreto".
En la misma línea ha ido el letrado de Pere Soler, Pau Ferrer, que ha defendido que la rebelión y la sedición "no son delitos contra la forma de gobierno y por tanto la Audiencia Nacional no es competente".
Ha destacado además que no se ha identificado "un solo hecho delictivo que haya ocurrido fuera de la comunidad autónoma de Cataluña", defendiendo así la competencia de los tribunales catalanes.
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