La secretaria judicial del 20S pidió un helicóptero por 'miedo' a salir

La secretaria judicial "atrapada" el 20S en la Conselleria de Economía ha confesado al tribunal que pasó tal "miedo" que llegó a pedir un helicóptero porque "era imposible salir" ante el "tumulto de gente", lo que la obligó a abandonar el edificio camuflada con mossos de paisano por un teatro contiguo, tras más de 17 horas de registro.

Montserrat del Toro ha relatado con todo detalle en el juicio del procés cómo vivió aquella jornada que arrancó cuando entró a las 08:00 horas en la Consellería para practicar un registro por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y que concluyó pasada la medianoche con su salida a escondidas por el Teatro Coliseum.

Un testimonio clave para todas las partes, especialmente para la Fiscalía con el fin de apuntalar la rebelión contra el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Omnium Jordi Cuixart, a quienes la mujer ha nombrado como aquellos que estuvieron negociando su salida con el teniente de la Guardia Civil pese a que ella se sintió toda la jornada como "un fantasma" al que nadie se dirigía.

Porque, ha explicado, la "preocupación y estrés" a lo largo del día mutó en "ansiedad y miedo" cuando al finalizar el registro a las 21:30 horas se percató de "lo que había allí fuera": "un mar de gente" por el que "era imposible salir".

El capitán de la Marina Pedro Buil Armengol ha asegurado que "era viable" el atraque del buque que llevaba a policías destinados a impedir el 1-O en el puerto de Palamós (Girona), si bien desde Ports de la Generalitat decidieron que "el barco no iba a atracar".

El actual titular del puerto Palamós, que ha testificado ante el Tribunal Supremo, ha reconocido que remitió una carta al juez instructor del "procés", Pablo Llarena, porque le pareció "deleznable" que el exconseller de Territorio Josep Rull -acusado en el juicio de rebelión- dijese en una entrevista que fue la Capitanía Marítima la que no le había permitido fondear.

El administrador del Hotel Traver de Figueres (Gerona) ha relatado que se vieron obligados a desconectar el teléfono ante las numerosas llamadas de "presión" recibidas por parte de personas contrarias al alojamiento de un centenar de policías nacionales en el establecimiento. Habían sido trasladados a la zona ante la convocatoria del 1-O.

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha recalcado este miércoles, tal y como hiciera ayer, que el 1 de octubre de 2017 no hubo técnicamente cargas policiales. La declaración de este testigo ha desencadenado un rifirrafe entre el abogado de tres de los acusados (Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) Jordi Pina y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ante la insistencia del primero en preguntar sobre las cargas policiales.

No solo eso, el magistrado Manuel Marchena ha amonestado finalmente al abogado Jordi Pina, por acusar al coronel de la Guardia Civil de tratar de mentir durante su declaración como testigo con respecto a la intervención policial el día del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La comparecencia como testigo de Pérez de los Cobos ha finalizado hoy, miércoles, después de la larga declaración que ya prestó ayer.

El coronel de la Guardia Civil, que coordinaba el dispositivo policial durante el 1-O, ha explicado que una carga policial es "una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un centro o un espacio", de modo que entiende que el día del referéndum "ni se disolvió una manifestación y tampoco se practicó ningún desalojo", por lo que concluye que no se produjeron cargas.

Pina ha incidido sobre este asunto y ha preguntado si un grupo de policías con casco, portando escudos y sus armas defensivas reglamentarias en alto, dirigiéndose hacia un grupo de ciudadanos que están quietos con las manos en alto, no se podría definir como una carga policial. Sin embargo, antes de que Pérez de los Cobos pudiera empezar a contestar, el presidente del tribunal ha cortado la interlocución.

Marchena y Pina han entrado entonces en una discusión porque el magistrado entendía que el testigo ya había contestado a la pregunta sobre lo que es una carga policial y por ello le pedía que pasara a otro tema. Sin embargo, el abogado ha insinuado que el coronel podía estar incurriendo en un delito de falso testimonio al decir que no hubo cargas policiales el 1-O.

En este punto, Marchena ha sido aún más tajante en su postura y ha recordado que el testigo ya sabe que está obligado a decir la verdad durante su declaración y que el tribunal le ha informado de ello.

Viendo que Pina insistía en querer preguntar a Pérez de los Cobos sobre si hubo o no cargas policiales, Marchena ha querido zanjar la discusión: "No intentemos, como no le gusta la respuesta, advertir al testigo de que puede convertirse en un delincuente", ha exigido.

Pina lo ha intentado de otra manera preguntando al testigo si "está seguro de que no hubo cargas policiales", pero el magistrado no le ha dejado seguir. Además, le ha garantizado que el tribunal no se limitará a la "noción policial de carga" aportada por Pérez de los Cobos para valorar las imágenes de las intervenciones que se produjeron el día del referéndum.