Servini cita a declarar de nuevo al exministro Martín Villa
La jueza argentina María Servini ha vuelto a citar a declarar al exministro Rodolfo Martín Villa en Argentina por la muerte de cinco personas durante el operativo policial en Vitoria-Gasteiz en 1976, ha confirmado la propia jueza este jueves.
Martín Villa ya ha anunciado que acudirá a Buenos Aires en el próximo mes de septiembre para declarar ante la juez Servini. "Llevo cuatro años y medio pidiendo que se me tome declaración para poder responder a las acusaciones contra mí", ha señalado el ex ministro de Suárez en la Transición, que desde que fue imputado, en octubre de 2014, no ha querido ampararse en la prescripción de los delitos ni en la Ley de Amnistía porque, sostiene, no ha cometido ningún delito.
Servini había retirado en marzo de 2018 la orden de detención que pesaba sobre Martín Villa, después de que en 2017 un tribunal superior revocase por segunda vez su decisión de detener al exministro y haber fijado una fianza de 49.300 dólares para eximir al imputado de la prisión y que pudiera declarar en libertad.
El exministro español es investigado, entre otros, por los sucesos de Vitoria-Gasteiz, que causaron cinco muertes en marzo de 1976 durante un operativo policial que reprimió una concentración de trabajadores en la capital alavesa cuando él era ministro de Relaciones Sindicales (diciembre de 1975-julio 1976).
Servini había resaltado la "gravedad" de los delitos por los que está imputado Martín Villa, a quien también acusó de ser responsable de seis homicidios más cometidos en operativos policiales cuando era titular del Ministerio de la Gobernación, cartera entonces encargada de las fuerzas de seguridad del Estado, (julio de 1976-abril de 1977).
La primera petición de declarar que realizó Martín Villa fue en diciembre de 2014, en cuanto conoció el auto de detención, mientras que la segunda la formuló cuando el Gobierno español denegó su extradición y la de otros encausados.
La tercera se produjo tras dictaminar jueces españoles que su colega argentina no tiene competencia para interrogar en España a ciudadanos españoles por supuestos delitos cometidos en territorio español, que además han prescrito y están sometidos a la Ley de Amnistía de 1978.
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