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La Fiscalía pide la suspensión inmediata de los diputados y senadores presos

La presidenta del Congreso, Maritxell Batet, ha reclamado que sea el Supremo quien decida sobre este asunto.
Rull, Turull y Sànchez, ayer, en el Congreso de los Diputados
Rull, Turull y Sànchez, ayer, en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al tribunal del juicio del 'procés' que inste a las Cortes a la suspensión inmediata de los diputados y senadores presos.

En un escrito, ha solicitado a la Sala que juzga el 'procés' que se comunique con las Mesas del Congreso y del Senado para que suspendan de funciones a los cinco parlamentarios catalanes presos que han tomado ya posesión de su escaño.

La petición del Ministerio Público, que firman los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, busca la suspensión de funciones de Raül Romeva en el Senado y de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez en el Congreso de los Diputados sin tener que acudir a ninguna interpretación del Reglamento de la Cámara, que era la opción que había apuntado el alto tribunal en el oficio que remitió la semana pasada a ambas Cámaras.

A la espera de que se reúnan las mesas, PP, Ciudadanos y Vox, han registrado distintos escritos en los que instan a la suspensión inmediata de los parlamentarios.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno español en funciones, Carmen Calvo, aseguró que con el reglamento del Congreso en la mano los parlamentarios no pueden ejercer sus funciones.

Juraron ayer sus cargos por imperativo legal y por la República catalana

Los diputados independentistas acataron ayer, martes, la Constitución "por imperativo legal" y por la libertad de los presos políticos entre los abucheos y los golpes en la mesa de varios diputados, sobre todo los de Vox, que impidieron que se escuchasen con claridad sus fórmulas.

Oriol Junqueras prometió "desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal". Los diputados de Junts per Catalunya, incluyendo sus tres presos, prometieron por imperativo legal "con lealtad" al mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, y en algún caso pidiendo también la libertad de los presos.

El senador de ERC, Raül Romeva, prometió ante la Constitución "como preso político": "Hasta la proclamación de la república catalana, siempre comprometido con la libertad, la igualdad y la fraternidad, y como preso político".

Por último, también fue muy comentado el saludo y la breve conversación que mantuvieron Oriol Junqueras y el presidente del Gobierno español en funciones Pedro Sánchez. El líder del PSOE preguntó a Junqueras qué tal estaba, y este le contestó: "Tenemos que hablar".

Batet deja el asunto en manos del Supremo

En este contexto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha remitido un escrito al Supremo en el que consulta el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que previsiblemente conduciría a la suspensión de los presos del "procés" que han obtenido un escaño, lo que implicaría suspenderles en sus funciones.

Batet ha hecho esa consulta al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, antes de convocar a la Mesa de la Cámara para decidir si suspende o no en sus funciones a los diputados presos.

En declaraciones en el Congreso, Batet ha explicado que su pretensión es que el Alto Tribunal aclare "qué pueden hacer o no hacer" en el Parlamento los cuatro diputados en situación de prisión preventiva, dado que el auto que permitió su asistencia a la sesión constitutiva del martes sólo se refería a ese día.

A su juicio, lo adecuado es que el Supremo fije criterio para toda la legislatura sobre las consecuencias de la ley procesal, máxime cuando "la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al Poder Judicial, que es el competente para enjuiciar y determinar las consecuencias". "Creo que la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial, que es quien ha determinado siempre en qué situación quedan las personas en prisión preventiva", ha insistido.

Batet ha querido dejar claro que con este escrito su intención no es dilatar la toma de decisiones por parte del Congreso, sino precisamente lo contrario. "Se trata de poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar a una decisión lo antes posible", ha remarcado.

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