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El Gobierno español estudia multar a ayuntamientos si permiten recibimientos a presos

El Ministerio del Interior ya cuenta con un borrador de la reforma que incluye multas para los ayuntamientos que concedan permisos para estos actos o que no actúen para evitarlos.
Recibimiento a José Jabier Zabaleta 'Baldo' en Hernani. Foto: EFE

El Gobierno español está preparando una reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, en la que podría incluir multas a aquellos ayuntamientos que permitan los actos de recibimiento a presos.

Jesús Loza, el delegado el Gobierno español en el País Vasco, ha explicado que uno de los objetivos de esta reforma es que no se puedan celebrar actos como los del último fin de semana de julio en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñati, donde fueron recibidos José Javier Zabaleta 'Baldo', tras finalizar su condena de 29 años, y Xabier Ugarte, tras cumplir 22 años.

Loza, que ha apelado a la "discreción" y al consenso para poder sacar adelante las reformas, ha reconocido que existe una "preocupación" por la celebración de este tipo de actos sobre los que "hay un limitado recorrido penal" para actuar, por la jurisprudencia creada y por las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque ha considerado que existen "resquicios".

Ha reconocido la dificultad de actuar en algunos casos porque en ocasiones ya ni se comunican ni se convocan formalmente para que no puedan ser impedidos o sancionados en su caso.

El Ministerio del Interior ya cuenta con un borrador de la reforma que incluye multas para los ayuntamientos que concedan permisos para estos actos o que no actúen para evitarlos.

A juicio de Loza "no hay mejor caldo de cultivo" que el odio para que pudiera haber en un futuro un resurgir del terrorismo y lo que se vio en Oñati y en Hernani "fue una manifestación palmaria del odio que todavía persiste", algo que, a su juicio, también pueden tener en cuenta los tribunales.

El delegado del Gobierno ha apostado por el "diálogo" y por el consenso, como el que se logró en Euskadi para aprobar la ley de víctimas de 2008, y poder ser así más "proactivos" y evitar actos que son "clarisimamente una humillación a las víctimas y un enaltecimiento del terrorista".

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