El Gobierno español acude al Constitucional para que anule resoluciones del Parlament
El Gobierno español presentará ante el Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución de sentencia para que anule parte de la resolución aprobada por el Parlament el 25 de julio, de reprobación del rey, y advierta a su presidente, Roger Torrent, de que puede incurrir en un delito.
Según ha apuntado el ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, podría tratarse de un delito de desacato, aunque sería necesario examinar qué tipo jurídico se puede aplicar si Torrent y el resto de miembros de la Mesa del Parlament no cumplen las sentencias del Constitucional.
En este sentido, ha reiterado que el Gobierno también tiene intención de recurrir las resoluciones del Parlament de la semana pasada, pero que aún no sabe qué mecanismo va a utilizar si será un recurso ordinario ante el TC, previa consulta al Consejo de Estado, o será vía un nuevo incidente de ejecución.
Planas ha destacado el incidente de ejecución es un mecanismo que se ha utilizado muy poco y es "especialmente importante" porque evita al Gobierno "el tener que plantear un nuevo recurso ante el TC en relación con un tema sobre el cual ya haya sentado doctrina".
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, ha explicado que el Ejecutivo considera que varios apartados de la resolución del 25 de julio, sobre las 'propuestas para una Cataluña real', vulneran "directa y frontalmente" sentencias del Constitucional por lo que solicita su "declaración de nulidad y su inmediata suspensión".
El recurso del Gobierno al TC se refiere en concreto a los apartados sobre la "ratificación en defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo catalán" y al que recoge la reprobación del rey.
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