Sánchez propone a Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, propondrá el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado en sustitución de María José Segarra, que ocupaba el cargo desde junio de 2018.
Nació en Madrid en 1962, y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura, ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad.
Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión -dos meses después de tomar posesión- de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía.
Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran "trocitos solapados, puestos y pegados" y negó haber mantenido alguna "cita en ningún aspecto profesional" con el excomisario.
Estos hechos se sumaron a la tardanza de la hasta ahora responsable de Justicia en amparar al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' en la demanda civil que presentó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga para que el Congreso y el Senado la reprobaran.
Una tercera censura llegó por parte de la Cámara Baja por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar la rebelión en la acusación contra los líderes independentista en prisión por el 'procés'. Los servicios jurídicos del Estado acusó de sedición y el Tribunal Supremo les condenó por este delito.
Asimismo, ha dejado casi ultimada la anunciada futura reforma penal relativa a los delitos sexuales, que próximamente se llevará al Consejo de Ministros, según han apuntado fuentes del Ministerio de Justicia.
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