Procesadas 23 personas por las protestas del mitin de Ciudadanos en Errenteria

La jueza que instruye las protestas contra el mitin de Ciudadanos en Errenteria (Gipuzkoa) el 14 de abril de 2019 ha procesado a las 23 personas investigadas por estos hechos, a quienes atribuye la posible comisión de delitos electorales y contra el orden público.

En concreto, el auto que concluye provisionalmente la instrucción, alude a delitos electorales regulados en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el primero de los cuales prevé una horquilla con penas de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a 24 meses, mientras que el segundo recoge posibles condenas que van de tres a doce meses de cárcel o multa de seis a 24 meses.

Esta causa fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, después de que la Fiscalía de Gipuzkoa iniciara una investigación a raíz de una denuncia presentada por el partido naranja y su por aquel entonces presidente, Albert Rivera. Ciudadanos aportó como pruebas varios vídeos y fotografías que mostraban pancartas, cuentas de Twitter y de otras redes sociales, así como varias imágenes e informaciones de ese día difundidas por varios medios de comunicación.

Aquel 14 de abril, decenas de personas profirieron gritos y rodearon la plaza de los Fueros de Errenteria. "Fascistas kanpora (fuera), cobardes, asquerosos, hijos de puta" son algunos de los gritos que se escucharon contra los asistentes, a quienes además escupieron y lanzaron objetos como mecheros, monedas y huevos desde los balcones.

A su entender, sus conductas impidieron el desarrollo del acto "con normalidad", lo que supuso "una vulneración grave de los derechos electorales" de los asistentes al mitin, teniendo en cuenta además que la intervención de cada uno de los investigados presuntamente "se realizó al amparo y con el refuerzo de la multitud para evitar la responsabilidad personal, socializando por tanto el resultado final".

El auto recuerda que "fue tanta la afluencia de gente del pueblo en las calles para 'ver' el acto y 'recibir' a los asistentes, que tuvo que intervenir la Policía en un dispositivo con agentes de otros lugares para evitar incidentes y controlar y contener a los ciudadanos del pueblo".

De esta manera, el escrito sostiene de forma indiciaria que "todos los investigados, en realidad, actuaron al llamamiento del boicot, no querían que el acto se celebrara y por tanto, con su presencia en la muchedumbre en la calle, con sus gritos e insultos, favorecieron e hicieron para que el mismo no se realizara con normalidad y obligaron a la actuación de los agentes de la Ertzaintza, dado el ambiente intimidatorio y hostil contra todos los asistentes al mitin y alteraron el orden de la calle".

Asimismo, presuntamente "vulneraron los derechos de participación política en período electoral, utilizando la intimidación ambiental para ello, la cual alimentaron con sus propias conductas con una clara intencionalidad de desprecio a la ideología de los asistentes", recalca el texto.

El auto señala que "ninguno de los investigados ha negado su presencia en los lugares en los que fueron identificados por la Ertzaintza y, en general, han reconocido su actuación y las expresiones realizadas, pero han justificado esa conducta como de responsabilidad individual, al margen de cualquier acción coordinada con otros y como algo espontáneo, no previsto ni buscado".