Las cárceles proponen la semilibertad para los líderes del procés presos

Las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona), y la Wad-Ras (Barcelona) han propuesto, por unanimidad, el tercer grado penitenciario para los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el 1-O.

En rueda de prensa, Amand Calderó, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, ha explicado este jueves la propuesta acordada por las Juntas de Tratamiento, que el Servicio de Clasificación de la Conselleria deberá validar en dos meses.

Las cárceles tenían hasta el próximo jueves, 9 de julio, para revisar el segundo grado del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al vencer el plazo de seis meses que estipula el Reglamento Penitenciario para revisar el grado penitenciario.

Las juntas de tratamiento de las tres cárceles se han reunido a las 09:00 horas de este jueves de forma simultánea para revisar los grados -para "protegerles de posibles amenazas y coacciones" en sus decisiones e informar con transparencia y sin interferencias, según el secretario- y han adoptado las nueve propuestas de progreso a tercer grado por unanimidad.

Cuando se les hizo la primera clasificación, el pasado 11 de diciembre, las juntas de tratamiento habían adoptado la propuesta de segundo grado por mayoría, pero no unanimidad, ya que hubo un "intenso debate", con un equilibrio ajustado entre el segundo y tercer grado, ha explicado Calderó.

Ahora, si finalmente se les aprueba el tercer grado, los nueve presos seguirán su condena en régimen de semilibertad, de modo que dormirán en la cárcel entre semana, y el fin de semana podrán pasarlo en sus casas.

Calderó ha puntualizado que con la propuesta de nueva clasificación se abre un periodo de dos meses en el que el Servicio de Clasificación debe estudiar las propuestas y emitir una resolución ratificando o no: si lo ratifica saldrían inmediatamente de manera ejecutiva.

Las propuestas de las juntas de tratamiento son avaladas por el Servicio de Clasificación en torno al 95 % de casos, y normalmente no se agota el plazo para dar una respuesta. Una vez haya resolución del Servicio de Clasificación, la Fiscalía podrá recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y posteriormente al tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, si se les puede aplicar de forma inmediata el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, que permite no pernoctar en prisión, y ha puntualizado que depende de los equipos de tratamiento pero que es muy difícil que se aplique de manera directa.