Condenan a 20 meses de inhabilitación a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a penas de 20 meses de inhabilitación a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en la pasada legislatura, por permitir la tramitación de las leyes del procés, mientras ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC condena a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a pagar una multa de 30 000 euros por un delito de desobediencia al desoír los requerimientos del Constitucional para que impidieran la tramitación de las llamadas "leyes de desconexión".

Por el contrario, la sala absuelve a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que estaba acusada de desobediencia por impulsar la tramitación de dichas leyes, al concluir que no fue advertida nominalmente por el Constitucional.

Aunque todavía no es firme, la sentencia podría acarrear la pérdida de la condición de diputado para Lluís Guinó, el único de los cinco acusados que actualmente ostenta un cargo público por su escaño en el Parlament, si así lo establece la Junta Electoral.

La sentencia resalta que la desobediencia de los miembros independentistas de la Mesa "puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente y, por lo mismo, de abiertamente opuesta a las prescripciones del Tribunal Constitucional (TC)".

Para los magistrados, los condenados desobedecieron al TC al admitir a trámite iniciativas parlamentarias con las que "se pretendía a las claras" desarrollar la declaración de ruptura del 9N, "culminando" con las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica aprobadas los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament, "mediante la convocatoria de un referéndum ilegal y el advenimiento de un nuevo estado en forma de república".

El tribunal ha impuesto a los cuatro condenados la pena de inhabilitación que solicitaba la Fiscalía, de un año y ocho meses de cárcel y que les impide ejercer cualquier cargo electo en los ámbitos local, provincial, autonómico, estatal o supranacional.

De acuerdo con la sentencia, los condenados deberán hacerse cargo de una décima parte de las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado, pero no así de las de Vox, que era acusación popular en la causa.