Las familias de los jóvenes de Alsasua llevan el caso a Estrasburgo

Las familias de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas han recordado este sábado el proceso iniciado hace cuatro años por el que dos de ellos siguen en la cárcel, mientras mantienen su esperanza en un recurso planteado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Así lo han señalado en declaraciones a los periodistas en un acto celebrado en la Plaza de los Fueros de Alsasua, donde además de un colorido mural en las cercanías, ha quedado instalada una escultura móvil que, con el lema "4 urte Altsasukoak aske" (Cuatro años. Los de Alsasua, libres) recuerda en el centro de la localidad el proceso judicial que se inició tras la detención de los ocho vecinos.

Finalmente condenados por el Tribunal Supremo por la agresión a penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión, sentencia que rebajó la inicialmente dictada por la Audiencia Nacional, que no apreció terrorismo en los hechos, a día de hoy tan solo dos de los jóvenes permanecen encarcelados en segundo grado, mientras que otros cinco se encuentran en libertad en tercer grado.

En un comunicado leído por Antton Ramírez de Alda, padre de uno de los jóvenes condenados, acompañado de familiares y amigos del resto e incluso de algunos de los procesados, se ha recordado que se cumplen hoy cuatro años desde que la detención de sus hijos, "cuatro largos años inmersos en un proceso judicial evidentemente manipulado y fuera de toda lógica, guiado por oscuros intereses y donde constantemente se han vulnerado derechos fundamentales".

Desde la acusación de delitos de terrorismo, motivo por el que fueron juzgados en la Audiencia Nacional por un tribunal que finalmente no apreció hechos de esa naturaleza, hasta las "desproporcionadas" penas impuestas por un caso de agresión, son muestra de lo que a su entender ha sido "un montaje que ha convertido nuestro caso en una aberración jurídica de manual".

A ello han sumado las quejas por situaciones como la negativa a conceder el tercer grado a los encarcelados pese a los informes favorables y la "situación límite" que está generando la COVID-19 en cárceles como la de Zaballa.

Amaia Amilibia, madre de uno de los jóvenes que permanecen en prisión, ha explicado su desazón porque se ha denegado su progresión a régimen de semilibertad pese al informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión alavesa, lo que trunca el "objetivo de la reinserción" en jóvenes que de otra manera podrían retomar sus estudios y trabajos.

"La solución está en manos de las instituciones, pedimos como familia que hagan bien el trabajo y los tengamos pronto en casa", ha deseado Amilibia, quien ha lamentado el "proceso rocambolesco" que ha definido a un proceso actualmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Nuestros abogados están trabajando allí los recursos. Esperamos que Europa los acepte y pueda valorar que efectivamente han sido vulnerados los derechos fundamentales y humanos de nuestros hijos, derecho a tener un juez imparcial, derecho a la libertad incluso, al honor, a la intimidad", ha dicho tras incidir en que todo ello "ha sido un proceso muy, muy duro".