El Gobierno Vasco defiende la legalidad de la OPE de la Policía Municipal de Irun
El departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha asegurado que el Ayuntamiento de Irun actuó "dentro de la legalidad" cuando exigió el conocimiento del euskera para cubrir 12 plazas de la Policía Local.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nula una resolución de ese consistorio guipuzcoano que en 2017 dio luz verde a la convocatoria de doce plazas de agentes de la Policía Local, pues considera que el requisito de saber euskera fue "discriminatorio" para quienes no hablaban esta lengua.
El Departamento que dirige Bingen Zupiria manifiesta en un comunicado que, una vez analizada la sentencia del alto tribunal, "la relación de puestos de trabajo de ese Ayuntamiento que incluye los perfiles lingüísticos y, en su caso, las fechas de preceptividad, tiene el informe favorable de la Viceconsejería de Política Lingüística ya que cumple la legislación vigente".
Precisa que, según el decreto que regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas vascas, los puestos de policía local "tienen carácter preferente por ser puestos de cara al público y, por consiguiente, esenciales a la hora de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía".
Explica que los datos oficiales publicados por Eustat en 2016 indican que el conocimiento de euskera por parte de la población de Irun alcanza el 60,32 %, un porcentaje que "está íntimamente relacionado con la obligación de saber euskera para acceder al puesto de policía municipal".
"En la actualidad, en Irun hay 88 policías municipales en plantilla y en 59 casos es necesario acreditar el conocimiento del euskera, es decir, en el 67 %. Según los datos de 2020, en 34 de los puestos de policía local de Irun el conocimiento de euskera no es requisito para el acceso al puesto de trabajo", detalla.
El Departamento de Cultura insiste en que, "teniendo en cuenta que la práctica totalidad de las relaciones de la Policía Local con la ciudadanía son orales y tienen que actuar no sólo con los habitantes de Irun, sino también con los municipios colindantes", el Ayuntamiento irunés actuó "dentro de la legalidad".
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