El Gobierno Vasco afirma que la Ley de Instituciones Locales no es una "carga" para quienes no saben euskera

El Gobierno Vasco considera que no existe "vulneración constitucional alguna" en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, en el apartado que regula la lengua en que podrán ser redactadas las actas y los documentos emitidos por las entidades locales, tal y como plantea el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que alberga dudas sobre la constitucionalidad de la norma.

El Ejecutivo liderado por Iñigo Urkullu considera que dicha ley no establece la prevalencia del euskera respecto del castellano, y que el precepto no supone una "carga de prueba" para un miembro de la corporación municipal que desconozca el euskera.

Este es uno de los argumentos del Gobierno Vasco en las alegaciones presentadas este viernes ante el alto tribunal vasco, que analiza la posibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 6.2 de la ley.

La Sala de lo contencioso-administrativo ha remitido a las partes una providencia para que expliquen y aclaren sus posiciones antes de adoptar una decisión final sobre el recurso presentado por Vox contra un decreto que aplica lo regulado por la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

Aprobada en abril de 2016

Esta ley fue aprobada por el Parlamento Vasco en abril de 2016. La Sala del tribunal considera que la ley impide el derecho constitucional a utilizar el castellano libremente por los miembros de las entidades locales.

En sus explicaciones ante las dudas de constitucionalidad planteadas por el TSJPV, el Ejecutivo señala que la ley "se ajusta a lo establecido por el Tribunal Constitucional". En este sentido, recuerda que el TC ya ha sentenciado que las entidades locales pueden utilizar tanto el euskera como el castellano con normalidad, tanto en las relaciones internas como en las relaciones entre ellas o en sus comunicaciones con los particulares.

Esa utilización está sujeta a una obligación de las entidades locales que opten por la utilización del euskera a arbitrar los "mecanismos pertinentes" para que el derecho de la ciudadanía a recibir tales comunicaciones en castellano "pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que supongan una carga u obligación en sus relaciones con la Administración pública".

Fue esto, justamente, lo acordado por la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la CAV, el 11 de enero de 2017. Ello evitó la interposición, por parte del Gobierno español, entonces en manos del PP, de un recurso de inconstitucionalidad, al ofrecer una interpretación conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional para dicho precepto.

En cuanto al presunto límite a la utilización del castellano, el Gobierno Vasco considera que el alto tribunal realiza consideraciones "descontextualizadas" sobre la posible limitación o imposibilidad de la utilización de la lengua castellana por los concejales, lo que "es causa de la confusión que lleva a la Sala a plantear una posible inconstitucionalidad".