El proyecto de Ley de Memoria traerá el fin de fundaciones franquistas
El Consejo de Ministros del Gobierno español tiene previsto aprobar este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la de 2007 del ejecutivo Zapatero, mediante la que se extinguirán las fundaciones que, como la de Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.
Con la norma, se condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura, y se declaran nulos los juicios represivos del franquismo. El texto, promovido por la ya exministra Carmen Calvo, aboga por impulsar las exhumaciones de restos de las víctimas, habilitar un banco de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos. Además, contempla un fiscal de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo.
La norma también recoge la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que regenta el valle de Cuelgamuros en la actualidad. Una vez quede extinguida esta fundación, los monjes benedictinos deberán abandonar el lugar (el ejecutivo quiere negociar ese extremo con la Iglesia). Mientras ese acuerdo llega, Patrimonio Nacional tomará las riendas de todo el Valle.
La ley anterior no preveía castigar con multas los incumplimientos de la norma, esta sí lo hará con cuantías de hasta 140 000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo a los lugares de memoria democrática.
El proyecto de ley se enviará a las Cortes para el inicio de su tramitación en el Congreso a partir de septiembre. Por diferentes motivos, la norma no cuenta con el respaldo total de los grupos. Unidas Podemos ya ha anunciado que, aunque es "positiva es insuficiente" por lo que tratará de mejorarla durante el trámite parlamentario. Para ello, reclamará compensaciones a las víctimas del franquismo y que "las vulneraciones de derecho durante la transición" sean calificados como "crímenes de la dictadura". El PP, por su parte, ha anunciado que en cuanto llegue al poder sustituirá esta ley por una llamada Ley de Concordia. Vox tiene previsto recurrir al Tribunal Constitucional.
En la misma línea que Podemos, las asociaciones antifranquistas afirman que están a favor de una nueva Ley de Memoria Histórica, pero señalan que el proyecto del Gobierno español tiene "bastantes lagunas".
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