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La Fiscalía pide procesar a 13 miembros de los CDR por terrorismo

Los 13 miembros de los CDR fueron detenidos en 2019 por supuestamente planear acciones violentas en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.
Protesta en Cataluña tras la sentencia contra los líderes independentistas. Foto de archivo: EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido procesar a los 13 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en 2019 en Cataluña que presuntamente preparaban sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales por un delito de pertenencia a organización terrorista. Asimismo, suma los delitos de tenencia y de fabricación de explosivos para nueve de ellos.

Los 13 miembros de los CDR fueron detenidos en 2019 por supuestamente planear acciones violentas en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

Todos ellos, añade, "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios".

Según la Fiscalía, los CDR son grupos "compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional mediante una estrategia planificada y organizada".

Asimismo, la Fiscalía define al ERT como "una célula integrada por los investigados" que "evidencian una gran radicalidad" y que forman "un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza que se muestran totalmente entregados a "la causa", habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles".

En su opinión, su objetivo final como organización era "conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión", forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder la separación de Cataluña del resto de España.

Además, planeaban "ocupar el Parlament" y permanecer en el interior del edificio al menos una semana, con un presupuesto estimado en 6000 euros.

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