Asociaciones de Policía y Guardia Civil reclaman "más contundencia" contra la manifestación a favor de Parot
La asociación de la Guardia Civil Jucil y el sindicato de la Policía Nacional Jupol han exigido a las instituciones más contundencia contra el homenaje que se tributará al preso de ETA Henri Parot el 18 de septiembre en Arrasate, aunque sus portavoces han reconocido que la Delegación del Gobierno español en Euskadi "poco más" puede hacer que acudir a la Fiscalía.
Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, y Aarón Rivero, secretario de Jupol, se han reunido este lunes en Vitoria-Gasteiz con el delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, para trasladarle su malestar por la manifestación en solidaridad con Parot organizada por la plataforma Sare.
La Fundación Villacisneros ha reclamado a distintas instituciones que impidan esta marcha y la Delegación del Gobierno remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la petición de esta asociación ya que considera que no tiene competencias para prohibir la marcha y debe ser la Justicia la que adopte una decisión.
Tras el encuentro con Itxaso, Villariño ha insistido en que no entiende que se permitan este tipo de actos para enaltecer la figura "de este tipo de criminales" y ha recordado que Parot es "el terrorista más sanguinario" de ETA. Por su parte, Aarón Rivero ha subrayado que en democracia las instituciones "no se pueden poner de perfil" y ha asegurado que el delegado del Gobierno de España ha transmitido también su malestar por la organización de este acto y "ha entendido" la indignación de ambas asociaciones policiales.
La manifestación ha sido convocada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare y los organizadores del evento "Elkartasun Eguna" para denunciar "legislaciones excepcionales como la ley 7/2013 que posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos".
Parot fue trasladado el pasado mes de marzo por Instituciones Penitenciarias desde la cárcel de Cádiz hasta la de León y cumple una condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo.
El preso de ETA dio nombre en 2006 a la llamada "doctrina Parot", un criterio establecido ese año por el Tribunal Supremo que establecía que las redenciones no se aplicarían sobre el cumplimiento máximo de las penas, sino sobre el total de las condenas, lo que suponía un alargamiento de la estancia en prisión.
Pero este cómputo fue tumbado en octubre de 2013 por el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, lo que posibilitó que más de 60 presos de ETA, otros seis de los Grapo y 15 delincuentes con tres o más condenas salieran casi de inmediato de la cárcel al haber cumplido ya su condena.
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