Puigdemont queda en libertad y deberá comparecer en Cerdeña el 4 de octubre

El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) ha decidido dejar en libertad al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que fue detenido este jueves en Alger en virtud de una orden del Tribunal Supremo español, sin restricciones de movilidad. Sostiene la presidenta de la Corte, Plinia Azzena, que sigue gozando de la inmunidad propia de un europarlamentario y por lo tanto debe prevalecer su derecho a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, "garantizadas por la inmunidad, aún intacta".

El juez ha considerado que su arresto ayer en el aeropuerto de Alger se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares. Puigdemont ya ha abandonado la prisión de alta seguridad de Sassari en la que se encontraba encarcelado y deberá comparecer en Cerdeña el 4 de octubre, a las 11:30 horas. Tras su salida de la cárcel, ha ironizado sobre el hecho de que haya salido libre: "España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo".

La fiscalía de Bruselas ha asegurado que la euroorden contra Puigdemont "ha quedado suspendida" en Bélgica, "a la espera de la decisión final" sobre el levantamiento de su inmunidad, cuestión que deberá resolver el Tribunal General de la Unión Europea.

El juez instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido al Tribunal de Apelación de Sassari la orden de detención europea (OEDE) que pesa contra Puigdemont.

En el oficio, se indica que esa orden de detención está "actualmente en vigor", e indica que "para su comunicación al mismo Tribunal, le participo que el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía", añade.

Respecto a esto, el catedrático Juanjo Álvarez sostiene que la euroorden no estaba activa y que el Tribunal Supremo ha actuado con autotutela. Álvarez recuerda que el Tribunal Europeo ya dijo que en estos momentos no había una euroorden posible.

El Gobierno de España ha afirmado esta mañana que la euroorden por la cual se ha procedido a la detención del ex president de la Generalitat está vigente.

Esta afirmación contradice las versiones de los abogados de Puigdemont, así como de secretario general de Junts Jordi Sánchez, quienes consideran que la euroorden del Supremo no es ejecutable en la UE. 

El abogado Gonzalo Boye se ha mostrado "muy tranquilo" ante la detención de su defendido, porque están "convencidos de que no será extraditado". El letrado ha subrayado que "la euroorden de Llarena no es ejecutable en la UE" por lo que ha asegurado que Puigdemont quedará en libertad en breve.

Por su parte, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha declarado en Radio Euskadi que la detención de Puigdemont pone en riesgo la capacidad de llegar a algún acuerdo en la mesa de diálogo entre el Gobierno español y el Govern catalán.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido al expresidente catalán que se "someta" a la acción de la Justicia y ha afirmado que el Ejecutivo respetará y acatará lo que haga la Justicia italiana.

No obstante y tras las protestas por esta detención, el presidente ha reivindicado su "compromiso con el diálogo" para superar el "trauma" de los acontecimientos de 2017.

Por otra parte, la Generalitat ha exigido al Estado español que cese la "represión" contra el independentismo, para hacer posible la "inmediata puesta en libertad" de Carles Puigdemont. Pere Aragonès ha advertido de que esta detención "no ayuda en nada al proceso de resolución del conflicto político" catalán y no contribuye a generar "confianza entre las partes", cuya primera condición es "el fin de la represión".

Por último, las fuerzas mayoritarias del panorama político vasco han denunciado la detención y han manifestado su solidaridad con él y el pueblo catalán. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la detención de Carles Puigdemont es consecuencia de haber "judicializado un problema político".