EH Bildu acusa al Gobierno Vasco de actuar "por la puerta de atrás" en la Ley de Administración Ambiental

EH Bildu ha denunciado la presentación por parte del Gobierno Vasco de una enmienda a la Ley de Administración Ambiental, que a su parecer, supone "hacer las cosas por la puerta de atrás" y "modificar las reglas de juego de nuestro sistema institucional en cuanto a políticas de ordenación del territorio se refiere para terminar imponiendo determinados proyectos en determinados lugares".

El director de programas de EH Bildu, Pello Otxandiano, y la responsable de política municipal de la coalición soberanista, Onintze Oleaga, han comparecido en San Sebastián, para criticar que la presentación de esa enmienda por parte del PNV y el PSE-EE es "un intento de modificar" la Ley de Ordenación del Territorio. En esa línea, ha advertido de que, de salir adelante la citada enmienda, el Gobierno Vasco "tendrá capacidad, en nombre del interés general, para imponer proyectos concretos" a los consistorios vascos.

Otxandiano ha insistido en que "han aprovechado la tramitación de una ley para modificar otra ley básica que cimienta el reparto competencial en nuestro complejo sistema institucional" y ha criticado que se haya hecho "sin ni siquiera consultar a las entidades locales, que son las instituciones más afectadas".

Para la coalición soberanista, "esto atenta contra la pluralidad política de la sociedad vasca" ya que lo que se pretende es "imponer infraestructuras allá donde no existe mayoría absoluta de los partidos del Gobierno".

"La modificación de la Ley de Ordenación de Territorio que pretenden el PNV y el PSE trata de introducir en la normativa la figura de Proyectos de Interés Público Superior, los cuales una vez declarados de tal forma serán superpuestos al resto de la regulación urbanística y de ordenación del territorio. Es decir, que la declaración por parte del Gobierno de forma unilateral supondrá la invalidez o anulación de facto de las decisiones adoptadas por instituciones competentes y legítimas", ha recalcado.

Tras destacar que la competencia urbanística es "una de las funciones más importantes" que llevan a cabo los ayuntamientos, ha reiterado que la pretensión de modificar la Ley de Ordenación de Territorio "supone sin lugar a dudas la merma de la democracia local, en tanto que invalidará aquellos aspectos decididos en el municipio mediante participación de la ciudadanía por la imposición de un PIPS".

"Si alguien pretende gestionar un proceso tan complejo como es la transición hacia la neutralidad climática de manera vertical, con el ordeno y mando, al margen de la opinión de la ciudadanía, se equivoca de plano", ha advertido, al tiempo que ha considerado que esto es "lo diametralmente opuesto a la gobernanza colaborativa".

Además, ha indicado que "si de lo que se trata es de imponer infraestructuras en contra del criterio de las instituciones locales que representan", ello conduce a "inevitablemente a situaciones de conflictividad social que van a lastrar y retrasar la implementación de las acciones climáticas".