Alcaldes y alcaldesas de EH Bildu defienden la autonomía municipal y denuncian "un ataque a la democracia"

Los alcaldes y las alcaldesas de EH BIldu han hecho hoy una declaración en Donostia contra la intención de los partidos en el Gobierno de modificar la Ley de Ordenación Urbana, creando para ello la nueva figura jurídica: los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS). 

"Queremos denunciar el cambio de la Ley de Ordenación Territorial que quiere llevarse a cabo en el Parlamento Vasco" han recalcado; "Es bien sabido, que mediante ese cambio, el PNV y el PSE quieren crear una nueva figura para poder imponer proyectos saltándose la planificación urbanística de los ayuntamientos. Cambio que quieren aceptar este mismo jueves en el Gobierno Vasco, y que le abre la puerta a poder, de manera unilateral, invalidar las decisiones tomadas por las instituciones competentes y legitimas que son los ayuntamientos. Y esto no es democrático", insisten. 

La delegación compuesta por Xabier Lertxundi (Hernani), Agurtzane Solabarrieta (Usurbil), Gurutze Etxezabal (teniente alcalde de Orexa), Iñigo Gaztelu (Larrabetzu),  Egoitz Garmendia (Otxandio), Iratxe Arriola (Ea) y Erika Letamendi (San Millán) han reivindicado la autonomía municipal. "Los ayuntamientos somos las entidades de nivel mas bajo dentro del sistema institucional. Tenemos menos poder que el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Pero el hecho de tener menos poder económico y presupuestario no nos hace menos relevantes antes la ciudadanía; las iniciativas y los proyectos que llevamos a cabo desde los ayuntamientos mejoran la vida de los ciudadanos tanto o mas, que las que se implementan desde cualquier otra entidad", han señalado. 

Han denunciado que los partidos en el Gobierno "están llevando a cabo un ataque en contra de la democracia. Quieren robarnos la potestad y la palabra; no solo a los y las alcaldes y alcaldesas, sino también a la ciudadanía. Para los y las alcaldesas de EH Bildu, el ejercicio democrático va mucho más allá que una votación cada cuatro años".

Han subrayado que las competencias propias de los ayuntamientos (económicas, legislativas o de ordenamiento) son "herramientas fundamentales para mejorar la vida de la ciudadanía", razón por la cual defienden la participación de los ayuntamientos "a la hora de definir las planificaciones". 

La competencia urbanística es, según las y los alcaldes, "una de las funciones más importantes de todo ayuntamiento. Por un lado, porque nos da la capacidad eta organizar y construir el futuro de nuestros municipios. Y por otro, para proteger el territorio y el bienestar de sus ciudadanos". Ante lo cual, denuncian que "la intención de cambiar la Ley de Ordenación Territorial, trae consigo una reducción de la democracia local; dado que invalida las decisiones tomadas mediante la participación ciudadana".

Asimismo, critican que quieran llevar a cabo este cambio "a toda prisa", y sin consultarlo con los ayuntamientos "a pesar de que pone en entredicho las competencias municipales". Según subrayan "las necesidades que defienden el medioambiente tienen que llevarse a cabo de manera planificada, ordenada y consensuada; como cualquier otro reto crucial para el desarrollo de nuestro municipios; y no con prisas, por la puerta de atrás y mediante la imposición".

Se preguntan, además, en que consiste el criterio medioambiental ya que "no aparece definido en ningún sitio, y bien sabemos que es lo que entiende el Gobierno Vasco como mejora medioambiental: el TAV, la incineradora, el fracking y la financiación de los coches diesel". 

EH Bildu intenta frenar los cambios también desde Eudel, y ha pedido varios informes para analizar el efecto de este cambio de ley sobre los ayuntamientos. Insisten en que el Gobierno Vasco debe abrir camino a la interlocución y han tachado de "dejadez denunciable" la falta de interés por parte de los representantes municipales del resto de partidos. 

Denuncia en el Parlamento Vasco y Juntas Generales

El Parlamentario de EH Bildu Mikel Otero denunciaba en el pleno del pasado 2 de diciembre que, "a pesar de tener la mayoría para sacar adelante la iniciativa mediante vías más garantistas y más democráticas" (proposición de ley o proyecto de ley), los partidos en el gobierno han escogido la vía de las enmiendas parciales, "la peor, la menos garantista". 

Y es que, según denunciaba Otero, "al hacerlo así, por la puerta de atrás de las enmiendas, se ha impedido que esto pase por la Comisión Jurídica Asesora, y ha impedido que el Parlamento pueda dar o tomar una decisión informada de esta realidad jurídica nueva". Añadió que "los ayuntamientos no han podido activar los mecanismos de defensa de sus competencias, y se ha impedido, además, que actúe el Consejo de Gobiernos Locales de Euskadi".

El parlamentario apuntaba a que se está vulnerando la ley de Instituciones Locales de Euskadi "que en su artículo 91 dice, meridianamente claro, que las disposiciones de caracter general como esta, que afecten específicamente a competencias propias de los municipios, como las urbanísticas, serán objeto de informe previo preceptivo por la comisión de Gobiernos Locales de Euskadi", norma que no se estaría cumpliendo. 

El juntero de EH Bildu en Gipuzkoa y ex alcalde de San Sebastián Juan Karlos Izagirre tachaba, también en el pleno del 2 de Diciembre, de "sinsentido" la nueva figura jurídica. Denunciaba que detrás de esta decisión hay "un modelo de Gobierno que impone, que gobierna dando la espalda y haciendo oídos sordos a la ciudadanía" y que "impone proyectos que van en contra de la voluntad mayoritaria" y las decisiones adoptadas en el seno municipal.