El periodista Pablo González cumple tres meses en prisión preventiva e incomunicada
El periodista de origen vasco Pablo González ha cumplido tres meses en prisión preventiva e incomunicada, desde que fuera detenido el pasado 28 de febrero en la frontera polaco-ucraniana mientras informaba de la guerra en Ucrania y sus consecuencias.
Desde entonces permanece incomunicado, sin que su abogado de confianza ni su familia hayan podido hablar con él. La Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia le acusa de ser un agente de la inteligencia militar rusa.
Además, esta misma seman el tribunal regional de Przemysl (Polonia) ha acordado prorrogar por tres meses su prisión preventiva e incomunicada, según confirmó su abogado en Polonia, Bartosz Rogasa. El tribunal ha aceptado la petición fiscal y no ha facilitado más explicaciones.
La defensa de González ha anunciado recurso contra la resolución. Según ha explicado Rogasa, la ley de ese país no permite hacer público la justificación del tribunal: "La audiencia de arresto fue parte de los procedimientos preparatorios y, por eso, permanece clasificada".
Peticiones para su puesta en libertad
Familiares, amigos, asociaciones de periodistas, entre ellos el Consejo de Redacción de EITB, han denunciado la detención y posterior encarcelamiento de Pablo González.
En marzo, el Consejo de Europa pidió al gobierno polaco que liberara a González y retirara los cargos en su contra, indicando que arrestarlo era "un ataque a la libertad de prensa y la democracia". Por su parte, el Instituto Internacional de Prensa mostró su "preocupación por la falta de transparencia en el caso".
En abril, familiares y amigos iniciaron una campaña de recogida de firmas en change.org para pedir que se respeten sus derechos. Hasta la fecha, se ha recopilado casi 38 000 rúbricas.
Recientemente, la mujer del periodista, Oihana Goiriena, y su abogado en España, Gonzalo Boye, comparecieron en el Parlamento de Navarra para denunciar la situación "fuera de toda legalidad" y lamentar la inacción del Gobierno español para "restablecer sus derechos".
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró en abril que seguía "con suma atención" el proceso, y dijo que el propio periodista había pedido no revelar algunos aspectos del caso.
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