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Aprobada definitivamente la Ley de Memoria Democrática

El compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley, que deroga la de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
Senado. Foto: EFE
Senado. Foto: EFE

El pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que refuerza el compromiso del Estado español en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.

La ley, impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ha sido aprobada con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha.

Los más críticos han sido el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que han presentado por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley, que han sido rechazados en el pleno.

La aprobación de la Ley de Memoria Democrática es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja.

Proyecto aprobado en julio en el Congreso

El proyecto de ley de Memoria Democrática fue aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso, después de que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos lograra reunir los apoyos suficientes tras llegar a acuerdos con grupos como EH Bildu.

En total, los grupos parlamentarios del Senado presentaron 521 enmiendas parciales, aunque el PNV retiró su única enmienda, y otras dos enmiendas de distintos grupos que coincidían en pedir la supresión del título de rey de España fueron inadmitidas a trámite.

Los cuatro vetos o enmiendas a la totalidad del PP, Vox, Ciudadanos y UPN no han salido adelante en el pleno del Senado al no reunir los apoyos suficientes.

La sesión ha sido seguida desde la tribuna de invitados por representantes de asociaciones memorialistas y familiares de represaliados del franquismo, que así han podido ser testigos directos de la aprobación definitiva de una ley que ha experimentado una de las tramitaciones parlamentarias más largas de la legislatura.

Algunas claves de la ley

El compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley, que deroga la de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, la Ley de Memoria Democrática declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.

Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, establece también que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, "según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable".

Por otro lado, contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, ya que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.

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