Claves de la propuesta del Gobierno español para la reforma del delito de sedición
La proposición de ley para reformar el Código Penal presentada este viernes por el grupo socialista y Unidas Podemos, y que elimina el delito de sedición, entrará en vigor, según se indica, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y se especifica que la ley se aplicará de forma retroactiva "si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor".
Estos son los ejes de la iniciativa:
- Se deroga el actual delito de sedición y se sustituye por otro de "desórdenes públicos agravados". El texto propone penas de 3 a 5 años de prisión e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación de 10 a 15 años que establece la ley actual. La proposición plantea esta rebaja tras derogar el artículo 544 del Código Penal —que define el delito de sedición— y modificar el artículo 557.
- Se reforma el artículo 173 para introducir entre los delitos contra la integridad moral un castigo específico para quien oculte un cadáver, por el sufrimiento añadido que causa. Según la propuesta, se castigará con una pena de seis meses a dos años de prisión a quien oculte "de modo reiterado" información a los familiares o allegados de la víctima.
- Además del Código Penal, la proposición de ley reforma la Ley orgánica de Represión del Contrabando, para intentar perseguir de forma más efectiva el contrabando de material de defensa o de productos y tecnología de doble uso. Se castiga así de forma específica la "conspiración y la proposición" para cometer ese delito.
- En la reforma también se trasponen varias directivas europeas, como la aprobada en 2019 para luchar contra el fraude y la falsificación de medios de pago distinto del efectivo, como tarjetas bancarias o cheques de viaje.
- Se traspone también una directiva de 2019 encaminada a dotar a las autoridades de competencia nacionales de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y otra sobre sanciones penales aplicables al abuso de mercado.
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