"La Fiscalía de la CAV se ha pronunciado contra la primera petición de revisión de sentencia"
Carmen Adán, fiscal general del País Vasco, ha reconocido, en declaraciones a Radio Euskadi, que la Fiscalía se encuentra analizando varias peticiones de revisión de condena de encarcelados por agresiones o abusos sexuales.
De hecho, ha explicado que la primera petición de revisión de sentencia (el caso de un condenado por delitos sexuales de Gipuzkoa) ha sido rechazada por la Fiscalía vasca. No obstante, la última palabra sobre si se acepta rebajar la pena la tienen los jueces.
La conocida como 'ley del solo sí es sí' ha supuesto la práctica desaparición del delito de abuso sexual para integrarlo en el de agresión sexual, lo que ha propiciado un desplome de penas que está obligando a revisar condenas firmes.
La fiscal general del País Vasco Carmen Adán ha matizado que el número de peticiones que están revisando los tribunales vasco es pequeño, pero que "serán examinados con cuidado y atención, y habrá que estar pendiente de las peticiones que hagan las defensas y qué argumentan".
Así pues, ha subrayado que "examinar caso por caso es fundamental, hay que mirar las circunstancias concretas y la motivación que haya tenido el Tribunal sobre el fallo a la hora de deteminar la pena para ver si procede o no la revisión", y ha asegurado que la Fiscalía se pronunciará en ese "caso por caso".
Sobre la posible unificación de criterio, Adán ha anunciado que ya están recibiendo ya toda la documentación necesaria para poder hacer alguna, "si procediera".
En el Estado español: 12 rebajas de condena y 5 excarcelados
A nivel estatal, los tribunales ya han rebajado al menos 12 condenas de abusos sexuales por la aplicación de la 'ley del solo sí es sí' y han excarcelado a cinco personas. Se espera que los magistrados tengan que revisar decenas de sentencias más toda vez que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".
Entre los casos de revisión de sentencia y rebaja de pena, las fuentes consultadas han confirmado cuatro en Madrid, dos en Baleares, dos en Galicia, una en Andalucía, una en Castilla y León, una en Castilla La Mancha y una en Murcia. Cinco de estos 12 casos han conllevado la excarcelación de los condenados.
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