La oposición pide aclarar si De Miguel desempeña labores de responsabilidad en una sociedad del Gobierno Vasco
Los partidos de la oposición ha pedido al Gobierno Vasco que aclare si el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, condenado por delitos de corrupción, desempeña labores de responsabilidad y representación como trabajador de la sociedad pública HAZI.
De Miguel fue condenado a 13 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Álava en diciembre de 2019 por varios delitos de corrupción, y el caso está ahora pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos.
Este martes, eldiario.es ha asegurado que De Miguel ejerce como "gerente" de HAZI y que "ha representado a Euskadi en los últimos meses en viajes oficiales". Fuentes del Departamento de Desarrollo Económico han señalado a este respecto que el exdirigente del PNV alavés dispone de plaza como interino en esta sociedad pública desde 2010 y que ha ejercido labores de "coordinación", pero no de gerente, figura que afirman que no existe.
En este contexto, EH Bildu ha opinado que la "protección y el trato" que el Ejecutivo vasco "está dando a De Miguel" es una "clara muestra de la nula voluntad de algunos por acabar con el amiguismo y las prácticas fraudulentas".
También se ha pronunciado Elkarrekin Podemos-IU, que ha considerado que "sigue habiendo espacios institucionales para el amiguismo y la colocación a dedo, aunque se esté condenado por corrupción".
El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha calificado de "escándalo" que el PNV ofrezca "puertas giratorias a malversadores".
El Gobierno Vasco ha explicado que De Miguel ocupa una plaza de interino en HAZI desde 2010 y que no puede despojarle de esa plaza hasta que la sentencia sea firme. Además, ha negado que haya representado al Ejecutivo en algún foro.
Reacción de PNV y PSE
Los partidos que forman el Gobierno Vasco también han realizado declaraciones sobre este asunto.
Fuentes del PSE han pedido que De Miguel no realice labores de representación y ha recordado que en el Gobierno Vasco hay una comisión de ética para dirimir estas cuestiones.
Por su parte, fuentes del PNV han explicado que el Ejecutivo Vasco está obligado a "cumplir la legalidad": "De Miguel tiene una plaza de funcionario, que conlleva unos derechos y unas responsabilidades, y permanecen vigentes hasta que la sentencia sea firme".
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