Gonzalo Boye asegura que "todos los exiliados van a volver", pero sin concretar fechas
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que "todos los exiliados van a volver a Cataluña", aunque no ha dado una fecha para ese retorno.
En una comparecencia realizada en Bruselas (Bélgica), el letrado ha valorado la nueva decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la que ha retirado el delito de sedición al expresidente catalán, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia.
Boye ha aclarado que la vuelta de Puigdemont será después de la resolución sobre el suplicatorio al Parlamento Europeo, que espera que se produzca a finales de febrero o marzo. Pero, en todo caso, ha apostillado que la última decisión será del propio expresidente catalán, como del resto de "exiliados".
El abogado cree que "el problema no es de tipo penal, es un tema de persecución política". "El delito de sedición no existe desde hace más de tres años y medio", ha agregado de manera tajante.
Además, el letrado se ha congratulado porque "nuestra estrategia está dando resultados, y el juez Llarena no sabe muy bien hacia donde ir".
"Estos hechos no son delictivos, y lo que hay es una persecución política", ha insistido.
"No deja de ser un auto preocupante porque es una crítica abierta al poder legislativo, con incluso descalificaciones, y la conclusión a la que llegamos es que hoy el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de la malversación en la forma en la que han decidido aplicarla", ha asegurado el abogado de Puigdemont.
En su valoración, el letrado ha querido recordar que en 2018 el Tribunal alemán que rechazó entregar a Puigdemont a la Justicia española por el delito de sedición sí aceptó tramitar su extradición por malversación, pero que fue el propio Llarena quien no aceptó esas condiciones.
Por ello, Boye considera que el cambio ahora apunta a falta de coherencia por parte del Supremo y sostiene que no alterará la estrategia de defensa del expresidente catalán y los dos exconsellers también reclamados, Toni Comín y Clara Ponsatí, en tanto en cuanto siempre han defendido que el delito de sedición no se correspondía con ningún delito en otros estados de la UE.
"El problema que tiene el juez Llarena no es un problema de tipo penal, es un problema de derechos fundamentales y es un problema de persecución política", ha remachado, antes de ironizar con que pareciera una escena de "Groucho Marx" en la que dicen tener "estos delitos y si no le gustan tengo estos otros".
A juicio de Boye, Llarena "vuelve a vulnerar" la inmunidad de los tres políticos independentistas con la resolución de este jueves por emitir una orden nacional de detención para las que "no tiene autorización".
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