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El Gobierno español rechaza la gestación subrogada y plantea impedir su gestión a través de terceros países

Por su parte, el PP se inclina por abrir un debate para regular la práctica con el requisito de que no exista "en ningún caso" ningún tipo de pago económico indirecto o directo a la madre gestante. La asociación de familias por gestación subrogada ha reclamado al Gobierno "un debate sereno".
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En el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos hay unanimidad en el rechazo a la gestación subrogada e incluso han recordado que, con la modificación de la ley del aborto, que entró en vigor a principios de marzo, aparece entre las violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Además, plantea ahora impedir su gestión a través de terceros países.

El caso de la actriz Ana Obregón, que a sus 68 años ha sido madre por gestación subrogada en Miami, ha avivado el debate político sobre esta práctica, por la que una persona o una pareja (heterosexual u homosexual) conciertan con una mujer la gestación de un bebé, es ilegal en el Estado español. Sin embargo, está permitida en algunos estados de los Estados Unidos como Florida, al que ha acudido la actriz.

La asociación de familias españolas por gestación subrogada Son Nuestros Hijos ha reclamado al Gobierno "un debate sereno" sobre esta práctica. En una nota, la asociación citada, que agrupa a más de 700 familias con hijos concebidos por gestación subrogada, ha exigido al Ejecutivo que se aborde con "rigor, serenidad y sentido común" el análisis de esta práctica, que, según ha indicado, es "legal en infinidad de países" y "una vía hacia la maternidad para miles de familias españolas".

La organización ha señalado que no entra a analizar la edad de personas particulares que recurren a la gestación subrogada, pero ha puntualizado que "deja la puerta abierta a valorar" una posible limitación en este ámbito, "como sí la hay en la fecundación in vitro", en una eventual legislación estatal que regulase esta práctica. Según ha explicado Pablo Bilbao, portavoz de Gure Umeen Ametsak, la asociación vizcaína, así está establecido en las legislaciones de algunos países europeos.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, ha subrayado que no están de acuerdo con esta práctica, aunque sobre la posibilidad de evitar que un niño nacido por gestación subrogada en otros países pueda vivir en España ha comentado que hay que analizar cada caso "de forma concreta".

"Hay un sesgo de discriminación claro por pobreza", ha recalcado la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, en alusión a los casos en los que la mujer que se queda embarazada obtiene dinero por ello.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha tildado la gestación subrogada de "una forma más de esclavitud" y ha defendido que "la integridad física de las mujeres ni se compra ni se vende".

Sin embargo, el debate político sobre la gestación subrogada sigue abierto en el PP, aunque la dirección nacional, en manos de Alberto Núñez Feijóo, se ha inclinado por abrir un debate para regular esta práctica con el requisito de que no exista "en ningún caso" ningún tipo de pago económico indirecto o directo a la madre gestante. La línea roja para el PP es la "mercantilización" que en la dirección del partido consideran "execrable".

Sentencia de filiación

España sólo permite el acceso al Registro Civil de niños nacidos por gestación subrogada con una sentencia de filiación. El Gobierno de Pedro Sánchez limitó esta posibilidad en 2019 con una instrucción del Ministerio de Justicia que afectó a parejas que acudían a países como Ucrania o Georgia para acceder a esta práctica, en donde la gestación subrogada es legal, pero no se emiten sentencias de filiación.

Asociaciones feministas lamentan que, a pesar de que la gestación subrogada es ilegal en España, se permita la inscripción en el Registro Civil de bebés nacidos a través de esta práctica en terceros países que sí la regulan.

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Uno de los principales destinos es Estados Unidos, donde la gestación subrogada está permitida en algunos estados y prohibida o limitada en otros (en algunos se considera incluso delito penal). Entre los estados donde se admite para parejas heterosexuales, homosexuales o solteros figuran Florida, California, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada e Illinois.

No obstante, en Estados Unidos el proceso puede resultar caro (a partir de unos 120 000 euros, según la empresa Gestlife), por lo que muchos padres y madres recurren a otros países, a veces con menores garantías jurídicas y sanitarias, pero más baratos, como México (donde está permitida legalmente en los estados de Tabasco y Sinaloa), Ucrania -al menos, hasta el inicio de la guerra-, Georgia o Vietnam.

Canadá es uno de los destinos mejor valorados para acceder a la gestación subrogada, pero su legislación no permite el pago a la "madre de alquiler", lo que hace difícil encontrar mujeres dispuestas a ser gestantes. Los padres deben abonar los costes derivados del embarazo.

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