Aranzadi se abre a cambios en las webs de memoria si los agentes políticos y sociales lo ven necesario

La sociedad de ciencias Aranzadi se ha abierto a realizar cambios en las webs de memoria municipales si los "diferentes agentes institucionales, políticos, académicos y sociales" que han impulsado estos proyectos lo ven necesario.

Aranzadi se ha expresado así en una nota tras la polémica iniciada este martes en Galdakao, donde el PSE-EE denunció que la web municipal de memoria Galdakao Oroimena incluye a miembros de ETA en listas de víctimas elaboradas por esta sociedad de ciencias, lo que ha desatado una tormenta política que ha llegado también al Parlamento Vasco y ha posicionado a partidos políticos y el Instituto gogora.

Esta inclusión de diferentes miembros de ETA en estos listados se ha repetido también en otros municipios, como ha denunciado Covite.

En ese sentido, Aranzadi ha explicado que durante la puesta en marcha de estos proyectos "todos los grupos políticos y mesas locales de convivencia han podido acceder a los contenidos que se han ido elaborando cuando lo han solicitado".

"No obstante, si los diferentes agentes institucionales, políticos, académicos y sociales que han impulsado durante los últimos años este tipo de proyectos, vieran la necesidad de llevar a cabo una reflexión conjunta relativa a posibles modificaciones y/o mejoras, tanto en los criterios base, como en la metodología, la Sociedad de Ciencias Aranzadi estaría dispuesta a colaborar y participar", ha añadido.

Lo haría, ha aclarado, desde su "independencia científica, con rigor y lealtad, atendiendo a políticas públicas en materia de memoria y derechos humanos que impulsan nuestras instituciones".

Aranzadi, en un extenso comunicado, ha vuelto a defender su trabajo de memoria, plasmado en las web locales del proyecto 'Oroimena', que ha realizado siguiendo criterios aprobados por el Gobierno Vasco. La sociedad ha explicado que ha seguido los criterios establecidos por, entre otros documentos, el 'Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)', elaborado por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica y Juan María Uriarte por encargo de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.

En este informe se establece que "no todos los sufrimientos pueden considerarse vulneraciones de derechos humanos", lo que "no significa que no deban tenerse en cuenta desde una perspectiva de sanación social".

El informe citaba el sufrimiento de las familias de las 40 000 personas detenidas, de las que menos de 10 000 fueron imputadas por su relación con ETA, así como a las 227 personas que murieron "en circunstancias vinculadas a la violencia", como "suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales".

"Aunque todo ello no puede considerarse en sentido estricto vulneraciones de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido", sostiene el informe elaborado en 2013 para el Gobierno Vasco.

Estos han sido los criterios empleados para incluir en las webs de memoria reciente local de una decena de municipios vascos a militantes de ETA como víctimas de diferentes circunstancias, como padecer "leyes penitenciarias de excepción" o morir por la explosión sus propias bombas, entre otros motivos, lo que ha motivado las críticas del PNV, PSE y PP, el Gobierno Vasco y asociaciones de víctimas del terrorismo.

La asociación sostiene que en sus trabajos se limita a aportar una "descripción somera de cada hecho", a modo de "radiografía inicial desde la que facilitar actuaciones memoriales y de reconocimiento a las víctimas", sin abordar "cuestiones morales o éticas".

Aranzadi asegura que ha seguido también las tres pautas del Instituto de la Memoria Gogora: "no excluir, no legitimar, no diluir". También afirma que en todos los municipios en los que se ha puesto en marcha el proyecto se partió de un consenso político.

"En ningún caso nos han encargado estas investigaciones para generar un relato, sino para ayudar a las instituciones locales mediante una herramienta útil en la identificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y personas que han padecido sufrimientos derivados de la violencia de motivación política, pero que no pueden ser consideradas como víctimas de violaciones de derechos humanos", argumenta.