El Gobierno Vasco recurrirá ante el Constitucional la ley estatal de vivienda por "invasión de competencias"

El Gobierno Vasco ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra siete artículos y varias disposiciones de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda aprobada en primavera por el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de EH Bildu y ERC. Según esgrime el ejecutivo, la norma "invade competencias exclusivas de Euskadi" en esta materia y genera "inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar". La decisión de acudir al TC ha generado división en el seno del gobierno, ya que los tres miembros socialistas, entre ellos el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, han manifestado su desacuerdo y ha solicitado que se incluya en acta. 

El consejo de gobierno, reunido hoy por última vez antes de las vacaciones de verano, ha tomado la decisión de recurrir tras analizar un informe de los servicios jurídicos del ejecutivo que pone de manifiesto que la ley "viene a normar sobre asuntos concretos que no están regulados en la legislación vasca pero que son competencia de Euskadi".

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha explicado, no obstante, que antes de la interposición formal del recurso han querido realizar un llamamiento al "diálogo" al Gobierno español en funciones para solucionar el conflicto competencial.

Discrepancias por parte de los socialistas

A preguntas de periodistas, Zupiria ha evitado detallar los argumentos de los consejeros socialistas para expresar su desacuerdo, y ha reiterado que "no existen fisuras" en la relación entre los socios, ya que ambos se deben al acuerdo base del gobierno de coalición suscrito por el PNV y el PSE-EE.

Además, ha recordado que el Gobierno español ha recurrido varias leyes aprobadas en Euskadi, y que en aquellas en las que ha habido diálogo, se ha logrado un acuerdo. Así, ha mostrado su esperanza en que el ejecutivo central "responda de manera positiva a la petición de diálogo".

Por su parte, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que dirige Iñaki Arriola ha asegurado, en un comunicado, que la ley estatal "es muy explícita en el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y que de forma reiterada establece que las determinaciones contempladas en la ley se llevarán a cabo sin perjuicio de las competencias de las CA en materia de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio".

Arriola, que junto a Idoia Mendia y Javier Hurtado, ha mostrado su "desacuerdo con el informe y sus argumentos", ha calificado de "oportunidad para Euskadi" la ley estatal de vivienda, ya que, en su opinión, "no impone sino que amplía derechos".

En la misma línea, el PSE-EE ha hecho público un comunicado en el que subraya que la ley de vivienda estatal "viene a completar" la norma vasca, y que defiende que ésta "faculta a las comunidades autónomas, no impone, y es respetuosa con sus competencias".

"La competencia vasca ha quedado vaciada", según el informe jurídico

El Departamento que dirige Olatz Garamendi considera que "el Estado se adentra en aspectos que no le corresponden y que son de la exclusiva competencia autonómica. Pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda, o regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda o la política pública de acceso a la vivienda. De este modo, a la Comunidad Autónoma Vasca solo le queda ser mera ejecutora. La competencia normativa vasca en materia de vivienda queda vaciada completamente".

Según señala el informe, la ley estatal recoge "en gran medida" lo ya regulado en la ley vasca de 2015. Además, critica que "la norma estatal establece reservas de suelo destinadas a VPO en un alto porcentaje, vulnerando la jurisprudencia constitucional al respecto" y señala que existe "una contradicción entre leyes en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo". En ese sentido, afirman que la norma estatal establece que las cesiones de suelo libres de cargas han de ir, en exclusiva, dirigidas a construcción de viviendas sociales, mientras que la ley vasca permite otros destinos.

Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco también denuncian que el Estado "se reserva funciones ejecutivas" en la declaración de zonas tensionadas, algo que estiman, competencialmente, es responsabilidad de Euskadi.

"El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno entiende que el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda. De manera deliberada, en esa estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi, por ejemplo, si atendemos a los números absolutos, se sitúa como la Comunidad Autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica nuestra población", ha asegurado.