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EUDEL sobre la sentencia del TSJPV: "Es contraria a la autonomía local y limita competencias municipales"

En la primera reunión ordinaria de su Comisión Ejecutiva, Eudel ha aprobado una declaración ante la sentencia del TSJPV, hecha pública el pasado martes, que anula parte de la ley municipal de Euskadi.
Comisión Ejecutiva de EUDEL, celebrada hoy en la sede de la asociación. Imagen: EUDEL
Comisión Ejecutiva de EUDEL, celebrada hoy en la sede de la asociación. Imagen: EUDEL

La Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anula parte de la ley municipal de Euskadi, es "contraria a la autonomía local y limita el desarrollo pleno de las competencias municipales en materia lingüística".

En la primera reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de EUDEL, celebrada hoy en la sede de la Asociación de Municipios Vascos, las alcaldesas y los alcaldes han aprobado una declaración ante la sentencia del TSJPV, hecha pública el pasado martes.

Como ya hiciera ante la sentencia precedente del Tribunal Constitucional, EUDEL se ha reafirmado en la defensa de la ley municipal como garante de la autonomía municipal y de las competencias de las instituciones locales, en concreto, en el ámbito del euskera. La asociación considera que dicha ley es "imprescindible" para materializar el compromiso de los ayuntamientos con el euskera y la promoción de su uso en los municipios.

EUDEL cree "especialmente grave" la anulación de artículos del Decreto que otorgan al euskera la consideración de lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general.

Según la Asociación de Municipios Vascos, la imposibilidad de que los ayuntamientos fijen criterios de uso oral y escrito de las lenguas oficiales, a nivel interno y externo, supone "un freno para la normalización del uso del euskera en el funcionamiento de las entidades locales, y más preocupante aún, en los servicios que prestan a la ciudadanía vasca".

Por último, EUDEL ha puesto en valor el momento actual, en el que se dan pasos por facilitar el uso de las lenguas cooficiales en el Estado y en Europa, como "un reto y una oportunidad" para seguir avanzando en el desarrollo de los derechos lingüísticos, a través de la legislación que "entre todas y todos se ha ido construyendo".

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