La comisión evaluadora reconoce a 66 víctimas de abuso policial, y reclama reformas para agilizar su trabajo

La comisión encargada de evaluar las solicitudes para ser reconocido como víctima de violación de derechos humanos ha solicitado cambios en la ley vasca sobre abusos policiales, especialmente en lo que respecta a los plazos, los recursos disponibles y las compensaciones. Además, han alertado que si no se llevan a cabo estas reformas, su labor "está en peligro".

Esta solicitud ha sido trasladada este lunes por la presidenta de la comisión, Juana Balmaseda, y por el coportavoz de este órgano, Jon Landa, a los grupos del Parlamento Vasco en una comparecencia en comisión en la que han presentado su tercer informe, que recoge las peticiones estudiadas entre julio de 2022 y junio de 2023.

A través de este documento, se reconoce como víctimas de vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1999 a 66 personas, entre ellas a José Ignacio Zabala, miembro de ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL junto al también integrante de la organización armada José Antonio Lasa, cuyo caso no se ha tratado todavía por haberse planteado fuera de plazo.

De las 66 víctimas, además de Zabala, "secuestrado, desaparecido forzadamente y torturado", hay 49 personas que sufrieron malos tratos o torturas en dependencias policiales; 7 fallecidos por disparos de bala de la policía y de grupos de extrema derecha; una más murió por los golpes de un grupo de extrema derecha tras ser violada; cuatro sufrieron heridas de bala y otro fue herido con pelotas de goma.

Además, se contabilizan otras tres víctimas heridas graves como consecuencia de patadas o de otro tipo de golpes.

Balmaseda y Landa han expuesto los resultados plasmados en este tercer informe y han puesto sobre la mesa propuestas para poder mejorar y agilizar su labor tras constatar que el ritmo de resolución es "lento" con la previsión además de que el volumen de trabajo siga incrementándose.

Landa ha explicado que podría alargarse hasta 2030, con el consiguiente perjuicio para las víctimas. Para poder acelerarlo, ha demandado una reforma de la conocido como ley de abusos policiales, de la que nace la comisión, en la que se amplíen los plazos y los recursos.

"Son necesarios más recursos para que no haya retrasos porque la comisión no es capaz de resolver todas las peticiones en tiempo y forma. Hay un problema de efectividad, tal y como está configurada la ley. Los plazos pueden generar un problema con los ritmos de trabajo. Sin una reforma legal y sin los medios adecuados nuestro trabajo se puede poner en peligro", ha advertido Landa.

En esta reforma debería contemplarse también una revisión al alza de las indemnizaciones a las víctimas, no solo en la cuantía sino también en los supuestos que puedan ser indemnizables, como es el caso de las torturas y los malos tratos.

Indemnizar a víctimas de torturas

Para ello, la comisión demanda la revisión del artículo 9 de la norma, en el que se recoge que "el maltrato grave y las lesiones de carácter no permanente no darán lugar a una compensación económica, sin perjuicio de la declaración como víctima a los demás efectos que se prevén en la ley".

La comisión ha pedido también que sus informes se publiquen tanto en papel como en formato digital para que lleguen al mayor número de instituciones y de agentes de todo tipo para evitar que "la realidad de estas víctimas siga oculta". Además de un acto de reconocimiento institucional para este colectivo, también ha planteado la celebración de un seminario internacional que dé a conocer la existencia de esta comisión y de su manera de trabajar.

Por último, Balmaseda ha trasladado a la comisión que es necesario que siga apoyando su trabajo también en un periodo preelectoral como el actual.

Respaldo de los grupos

Desde los grupos, todos los que han intervenido han mostrado su apoyo al trabajo de la comisión y se han comprometido a estudiar sus propuestas.

Iñigo Iturrate (PNV) ha respaldado su trabajo "serio y profundo", mientras que la socialista Miren Gallastegui ha elogiado su "independencia y rigor".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha reconocido que la próxima legislatura habrá que abordar la reforma legal requerida. Por su parte, Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) ha coincidido en la necesidad de dotar de más recursos a la comisión.