El Congreso fijará la próxima semana el plazo para volver a negociar la Ley de Amnistía: un mes o 15 días
La Mesa del Congreso formalizará el próximo martes el plazo que tendrán los grupos parlamentarios para introducir cambios en la proposición de Ley de Amnistía, si un mes o 15 días.
La ley volverá a la Comisión de Justicia para ser de nuevo negociada entre el PSOE y sus socios parlamentarios, en especial Junts, que ha sido quien ha paralizado la tramitación de la norma al rechazarla ayer en el pleno.
La Comisión de Justicia aprobó la pasada semana un dictamen con la ley y las últimas enmiendas pactadas por el Gobierno de España con ERC, un texto y unas modificaciones que salieron adelante con el apoyo de Junts.
Pero los de Carles Puigdemont consideran que ese texto no es suficiente y han intentado introducir cambios para 'blindarse' ante lo que considera maniobras de jueces para extender sus investigaciones a aspectos no contemplados por la amnistía, como el terrorismo que aprecia el juez Manuel García Castellón en las protestas de los CDR y el 'Tsunami Democràtic' o el delito de "traición" que percibe el juez de Barcelona que investiga la supuesta "conexión rusa" con el procès.
La negativa del PSOE a asumir nuevas exigencias por temor a que el Tribunal Constitución anule la amnistía ha llevado a Junts a hacer decaer la propuesta entera.
Ahora, el procedimiento a seguir será el indicado por el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso, es decir, el proyecto legislativo volverá a la Comisión de Justicia para que se debatan los cambios pertinentes y se lleve a la Cámara un nuevo texto para un segundo y último intento.
El plazo para emitir un nuevo dictamen es de un mes como máximo, aunque existe la posibilidad de que la Mesa reduzca el plazo a 15 días si lo califica de urgencia.
En resumen, el resultado de la votación de ayer en el Congreso retrasará la amnistía, pero permitirá al PSOE y los independentistas introducir eventualmente nuevos cambios en la redacción vía enmienda transaccional, sin necesidad de contar con el permiso unánime que se exige en el Pleno del Congreso.
Todo ello implica que las conversaciones podrían extenderse, incluso, hasta unos pocos días antes o después de las elecciones gallegas, previstas para el 18 de febrero.
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