Gobierno francés y representantes corsos cierran un acuerdo para dotar a la isla de un estatuto de autonomía

Los representantes de Córcega y el Gobierno francés han llegado a un acuerdo con para dotar a la isla de un estatuto de autonomía que asentará su especificidad y le dotará de una serie de capacidades legislativas, y cuyo principio quedará inscrito en la Constitución gala.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, que ha dirigido las negociaciones por parte del Ejecutivo de Emmanuel Macron, ha insistido al presentar el compromiso a la prensa, en la noche del lunes al martes, que "respeta las líneas rojas" que había fijado el presidente de la República y él mismo.

Según Darmanin, eso significa que no se reconoce la existencia de un pueblo corso, sino de una "comunidad cultural". El ministro del Interior cree que es un avance "hacia la autonomía" y "no hay separación de Córcega de la República".

El texto de compromiso ha sido rubricado por la mayoría nacionalista de la Asamblea de Córcega, incluido el presidente del Ejecutivo, Gilles Simeoni.

En una primera reacción, Simeoni ha considerado que este compromiso es un "paso decisivo" porque se ha asentado "el principio de un poder de naturaleza legislativa sometido a un control del Consejo Constitucional". En todo caso, ha agregado "la amplitud y las modalidades de ejercicio de ese poder legislativo" tendrán que ser fijados por una ley orgánica adoptada por el Parlamento francés y por eso consideró que el proceso está "en semifinales" y ahora "queda por ganar la semifinal y la final".

El objetivo de la reforma de la Constitución francesa será "el reconocimiento de un estatuto de autonomía para Córcega dentro de la República que tiene en cuenta sus intereses propios vinculados a su insularidad mediterránea, a su comunidad histórica, lingüística, cultural que ha desarrollado una relación singular con su tierra".

El ministro de Interior ha añadido que Córcega tendrá "un poder normativo propio", legislativo o reglamentario, sobre una serie de competencias que no estarán especificadas en la Constitución, sino de nuevo en una ley orgánica que las definirá.

Las normas que aprueben el legislativo o el ejecutivo corso tendrán que respetar "las libertades públicas fundamentales" francesas y su Constitución y eso será controlado por un dispositivo en el que entrarán en juego el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional.

Este proyecto de estatuto de autonomía será objeto de consulta para los electores corsos, para que se pronuncien. Antes, la Asamblea de Córcega discutirá y votará en su próxima sesión sobre este esquema para una futura autonomía, que actualmente prácticamente no existe, y eso dará pie a que Macron inicie "consultas políticas nacionales" con vistas a la reforma de la Constitución.