Se querellan contra Mikel Lejarza 'El Lobo' y otro policía por la muerte de Josu Mujika

El colectivo Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (EG Behatokia) y la familia de Josu Mujika, muerto o asesinado en Madrid en 1975, han presentado una querella contra Mikel Lejarza El Lobo, infiltrado en ETA, y contra otro policía por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

El miembro de ETA Josu Mujika, reconocido como víctima de vulneración de derechos humanos por el Gobierno Vasco en uno de los informes surgidos de la ley de abusos policiales, murió o fue asesinado el 30 de julio de 1975 en una céntrica calle de Madrid en el transcurso de un operativo para detener a los miembros de un comando en el que los servicios de inteligencia tenían un agente infiltrado.

La Comisión de Valoración del Gobierno Vasco sobre este caso señaló que las versiones oficiales contradictorias (desde la inicial del suicidio, pasando por el ataque al corazón, hasta el enfrentamiento con intercambio de disparos) no pudieron dirimirse en una investigación que no fue independiente.

Ahora, la querella presentada por este asunto en un juzgado de Bergara (Gipuzkoa) apunta a la posible comisión un "delito de lesa humanidad", que la Ley de Memoria Democrática establece como "imprescriptible y no amnistiable".

En un comunicado, GE Behatokia recuerda además que la citada Comisión de Valoración consideró en su dictamen sobre el caso de Mujika "la participación al menos de dos autores: Mikel Lejarza, agente infiltrado, miembro del Centro de Estudios Superiores Estratégicos de Defensa" y un policía.

GE Behatokia destaca en su nota que esta querella ha sido presentada en vísperas de que se cumplan 49 años de la muerte de Mujika, "un larguísimo túnel en el que la familia no ha dejado nunca de luchar por el acceso a la verdad, la justicia y la reparación".

"Consideramos que el proceso desarrollado por el Gobierno Vasco supone un reconocimiento de la verdad institucional que viene a confortar la verdad social existente", explica este colectivo que no obstante considera también que ya "es hora de que la justicia penal haga honor a su nombre ante las víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos atribuibles a aparatos del Estado".