Claves del Plan de Acción Democrática: registro de medios, transparencia institucional y comisión sobre bulos

El 'Plan de acción por la Democracia' aprobado este martes por el Consejo de Ministros del Gobierno de España plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.

El proyecto, que incluye 31 medidas y que se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la Ley de Secretos Oficiales.

El objetivo, ha manifestado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del "ecosistema informativo"; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Entre las propuestas novedosas, se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.

En el área de los medios de comunicación, el Gobierno español quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.

Apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas", y revisará además el marco regulatorio para "garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación".

Entre las reformas previstas en ese área propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y también el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como el delito de injurias a la Corona y a la religión.

El plan incluye también aprobar una estrategia de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias "falsas o abiertamente tendenciosas", con indemnizaciones y plazos adecuados.

En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.