García Ortiz descarta dimitir tras su imputación por revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha emitido un comunicado de seis puntos en el que justifica su decisión y defiende su actuación. Considera que su continuidad en el cargo "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo".
El fiscal jefe dice ser "consciente de la repercusión pública de la noticia" y admite que esto afectará a los fiscales del Estado español, aunque defiende que es "la ponderación de estas circunstancias" lo que le persuade para seguir ejerciendo plenamente su atribuciones legales, "con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho".
De esta forma, ha convocado para mañana a las 09:30 horas a la Junta de Fiscales de Sala y a las 16:00 horas al Consejo Fiscal "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos".
García Ortiz explica que la apertura de un procedimiento por el Supremo "impone la máxima prudencia" en su pronunciamiento como fiscal general "a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia o una influencia a los magistrados". Sin embargo, destaca que se trata de una decisión inédita y que obliga a "realizar una profunda reflexión, sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar" en la futura actuación del Ministerio Fiscal y en "toda la Justicia española".
En su opinión, no se trata de un asunto particular, sino que se encuadra en "el ámbito de las competencias que la Constitución y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda" a la Fiscalía. Así recuerda, que el Ministerio Público debe informar de "los asuntos relevantes de que conozca" para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, "más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes".
Por último, argumenta que su condición de investigado le "permitirá que pueda ejercitar plenamente" su "derecho de defensa", toda vez que "la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo".
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