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El hermano del presidente del Gobierno español, a juicio por prevaricación y tráfico de influencias

La jueza dictó el pasado 28 de abril un auto de procesamiento contra David Sánchez y otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Ahora declara la apertura de juicio oral para todos ellos.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español. Imagen: EITB

La jueza de Badajoz que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, por parte de la Diputación de Badajoz ha acordado enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias tras rechazar su recurso contra su procesamiento.

Beatriz Biedma dictó el pasado 28 de abril un auto de procesamiento contra él y a otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Ahora declara la apertura de juicio oral para todos ellos.

El auto de la jueza llega después de que Gallardo haya iniciado los primeros trámites para entrar en la Asamblea de Extremadura, con lo que adquirirá la condición de aforado y su caso deberá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El auto dictado con fecha de este jueves, 22 de mayo, va acompañado de otros en los que rechaza los recursos presentados por los acusados contra el procesamiento, si bien les queda la vía de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.

El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

La jueza considera que la creación del puesto fue "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de este, quien "en ese momento carecía de trabajo estable".

Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como "objetivo" de que fuera ocupado por David Sánchez.

La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, Hazte Oír, PP, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum, pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo.

 

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