El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que prevé desclasificar los secretos del franquismo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada, en el que se establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, y la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según ha explicado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Bolaños también ha detallado que este Proyecto de Ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968) y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada, cuando transcurran unos determinados plazos.

La ley establece que el tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años, es decir, se desclasificarán todos los documentos anteriores a 1981, incluida la transición y la dictadura franquista.

Asimismo, el proyecto de ley estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

Distintas categorías, distintos plazos

En la ley, "se regulan cuatro categorías de información clasificada –"Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido”– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido".

Así, según ha explicado el ministro, mientras que el plazo para desclasificar la información clasificada como alto secreto el plazo será de 45 años -con una posible prórroga de 15 años-, el plazo para la  documentación de secreto será de 35 años -con prórroga de 10 años más-. La documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo de entre 7 y 9 años - sin posibilidad de prórroga -, y para la información restringida será un plazo de entre 4 y 5 años - sin posibilidad de prórroga -.

Con independencia de estos plazos, la información clasificada será revisada periódicamente para comprobar si sigue afectando a la defensa o a la seguridad nacional, y, en el caso de que no afecte, se podrá desclasificar cualquiera que sea el momento en el que se produzca dentro del plazo.

Se introduce también en la ley "un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30 000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves".

Cautela entre los partidos vascos

El Gobierno Vasco ha valorado de manera "positiva" el inicio de la tramitación de esta ley. La portavoz María Ubarretxena ha dicho que el proceso está "aún en sus inicios" y que habrá que esperar para ver cómo se desarrolla, pero espera que "de resultados positivos".

Los partidos vascos que apoyaron la legislatura de Sánchez, EAJ-PNV y EH Bildu, se han mostrado cautos. 

La portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que analizarán a fondo la propuesta, pero que "todo parece indicar que es una propuesta muy similar a la que se hizo en la anterior legislatura. En su día nos pareció totalmente insuficiente, porque los plazos eran excesivos."

Por su parte, Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, ha valorado positivamente que esta propuesta "vaya a llegar al Congreso de los Diputados y vayamos a poder debatir sobre ella". Sin embargo, ha advertido de que el texto, en una primera lectura, "todavía está lejos" de las aspiraciones de su formación. Ha adelantado que su grupo será "propositivo" y planteará enmiendas al texto.