Peinado rechaza archivar la causa de Begoña Gómez e imputa a una alto cargo de Presidencia

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, y contra las otras tres personas investigadas, y ha imputado a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz.

En un auto fechado el pasado 4 de noviembre el magistrado rechaza el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continúa la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés; e imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, citándola para el próximo 12 de noviembre.

El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos.

"Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que la deslealtad en la administración de fondos públicos constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que se cause detrimento o perjuicio económico definido en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado", afirma el magistrado.

Insiste Peinado en que "el origen de los hechos delictivos" son las acciones de Begoña Gómez derivadas "de su relación de parentesco, con el actual presidente del Gobierno", que considera la "causa" fundamental "para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posible restantes delitos".

"Sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente" como delitos, añade.