La Audiencia Nacional acuerda juzgar a Jordi Pujol por videconferencia, desde su casa

La Audiencia Nacional ha decidido juzgar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio tras ratificar los forenses en una vista previa que su deterioro cognitivo le impide defenderse, por lo que los magistrados han anunciado que podrían revisar esta decisión en cualquier momento del juicio. 

Los magistrados han adoptado esta decisión tras una breve deliberación después de escuchar en dicha vista previa al propio Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio y a los médicos forenses que le han examinado y que han ratificado que no estaba en condiciones de ser juzgado.

El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha preguntado a Pujol si sabía los motivos por los que se encontraba ante la Sala, a lo que el expresidente ha contestado que sí.

Posteriormente, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha preguntado al expresidente catalán si sería capaz de reconocer su firma en un documento, a lo que Pujol ha contestado que no se encuentra bien y que tiene ciertas "dificultades", pero ha afirmado: "Estoy a disposición del tribunal".

La Audiencia Nacional (AN) sienta en el banquillo al que fuera presidente de la Generalitat catalana desde 1980 al 2003, Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

Se les acusa de sendos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

La Fiscalía pide la pena más alta, 29 años de prisión, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones, según su escrito de acusación. Para su exmujer Mercé Gironés, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600 000 euros de multa.
   
Para el propio 'expresident', Anticorrupción solicita 9 años de cárcel y una multa de 204 000 euros y para sus otros seis hijos, pide penas de entre 8 y 17 años de prisión.

Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.

“Red clientelar”

Para el resto de acusados,  empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales. Y, además, solicita se les imponga multas que van desde los 200 000 euros hasta los 8 millones.

En el marco de su escrito, la entonces fiscal de Anticorrupción Belén Suárez sostiene que Pujol, "aprovechando" su condición de presidente de la Generalitat y líder de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), "tejió una red de clientelismo, hasta el punto de construir un entramado que implicaba que, por una parte, el propio Pujol Soley y, por otra, empresarios afines a CDC, se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos".

El expresidente de la Generalitat admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, pero lo achacó a una herencia de su padre, Florenci Pujol. En un comunicado, explicó que éste quiso dejarle ese dinero fuera de España porque, habiendo vivido de cerca los años 30 y 40, "tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que le podía pasar a un político muy comprometido".

Está previsto que durante el juicio, que se extenderá hasta mediados de 2026, comparezcan más de 200 testigos.