El Consejo de Ministros aprueba blindar y proteger el aborto en la Constitución, "frente a las dinámicas regresivas"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo. La reforma tendrá que ser aprobada en las dos cámaras del Parlamento por una amplia mayoría que requeriría un acuerdo con el PP.

Elma Saiz, portavoz del Gobierno estatal, ha dicho que el objetivo del proyecto es avanzar en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección "frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco".

El texto ha sido impulsado desde el Ministerio de Igualdad. Según ha explicado la ministra Ana Redondo en rueda de prensa, ha sido validado por el Consejo de Estado que considera que es “completamente constitucional”. La propuesta añade un punto 4 al artículo 43 para indicar que: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios".

Redondo ha explicado que, de esta manera, el Ejecutivo quiere “blindar el derecho” a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

La ministra ha recordado que el 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos. En este punto ha mencionado expresamente las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, para criticar que en ellas tan solo el 1 % de los abortos se hacen en la sanidad pública. Sin embargo, en Cantabria o Galicia el 60 % se realizan en hospitales públicos.

Difícil tramitación parlamentaria

La reforma impulsada por el Gobierno requiere la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse, por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

La ministra Redondo ha reconocido que la tramitación parlamentaria "se presenta compleja" pero ha recalcado su "capacidad de acuerdo", recordando el Pacto de Estado contra la violencia de Género que salió adelante con el apoyo de todos los grupos menos Vox.

En opinión de la ministra, el Partido Popular tendrá que “valorar a quién se debe, si se debe a una idea sin más o si se debe a sus propias mujeres, a sus votantes y, en definitiva, a mejorar y a avalar y a garantizar los derechos de las mujeres". Asimismo, ha abogado por “una responsabilidad compartida y no atrincheramientos ideológicos que no solucionan los problemas de las personas y dejan a muchas mujeres a los pies de los caballos".