El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras ser condenado por el Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia a través de una carta que ha enviado a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras conocerse la condena del Tribunal Supremo, que le ha impuesto dos años de inhabilitación por filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En su carta de renuncia, García Ortiz solicita al ministro de Justicia su cese a petición propia "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia" del que por ahora solo se conoce el fallo.
El hasta ahora fiscal general del Estado expresa en la misiva su "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y a la voluntad "siempre presente" en su mandato que es, subraya la de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".
"Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional", sostiene.
García Ortiz agradece al Ejecutivo "la confianza depositada" que, considera, es la misma que ahora devuelve, al entender que, "una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".
La sentencia también contempla una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10 000 euros por daños morales, además del pago de las costas del juicio. Se trata del primer caso en la historia en el que un fiscal general del Estado ha sido condenado por la Sala de lo Penal del Supremo.
La resolución ha contado con un voto particular discrepante de dos magistradas, Ana María Ferrer y Susana Polo, y ha sido presentada por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. La sentencia completa se conocerá en los próximos días o semanas.
A pesar de la condena, García Ortiz podría recurrir mediante un incidente de nulidad ante el propio Supremo, un trámite que rara vez prospera pero que permitiría acudir después en amparo al Tribunal Constitucional.
El Gobierno de España ha anunciado que en los próximos días iniciará el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general, asegurando que la persona designada contará con el máximo prestigio profesional en el ámbito jurídico.
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