La Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Getxo por el derribo del palacete

La Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palecete protegido de la localidad. El caso permanece bajo secreto de sumario.

Los registros se están llevando a cabo no solo en despachos de concejales, sino también en dependencias utilizadas por personal técnico municipal. Según el auto, al que ha tenido acceso EITB, tras mantener una entrevista con los técnicos informáticos del consistorio, se ha decidido modificar el lugar del registro y se ha acordado entrar a las oficinas ubicadas en la avenida Basagoiti de Algorta, donde se encuentra ubicado el servidor de correo y se almacenan los datos de los usuarios. Estarían buscando los mensajes y las conversaciones que han mantenido o intercambiado tres concejales, dos técnicas y una arquitecta

El caso está siendo instruido por el juzgado de instrucción número dos de Getxo, que dirige las diligencias judiciales abiertas.

En este contexto, los interrogatorios que estaban previstos para mañana han quedado suspendidos, según las mismas fuentes.

El caso

Un juzgado de Getxo investiga el derribo en agosto de 2024 del palacete Irurak Bat, levantado en 1845, en el número 11 de la calle San Nicolás, en el barrio de Algorta y que contaba con un grado de protección local.

Esa actuación se acometió durante las obras para la edificación de 12 viviendas de lujo en ese solar, a cargo de la cooperativa Ereaga Atalaya, en la que participaban dos concejales del PNV en el Ayuntamiento de la localidad.

Precisamente este martes, el juzgado que instruye la investigación decretó el secreto de sumario y mañana día 15 de enero están llamados a declarar cinco de los imputados, entre los que figuran el arquitecto, el aparejador y el constructor de la cooperativa, además de dos testigos.

La investigación de la Ertzaintza por esa demolición analiza si en las autorizaciones de esa obra se pudo cometer un presunto delito de prevaricación, que implicaría que funcionarios o políticos hubieran adoptado decisiones a sabiendas de su ilegalidad.

El Ayuntamiento de Getxo, gobernado por PNV y PSE, constató que la licencia para esa obra permitía rehabilitar el edificio protegido, manteniendo sus cuatro fachadas (salvo los miradores) y añadir un nuevo edificio en la misma parcela.

"En ningún momento se autorizó el derribo completo del inmueble catalogado", aseguró.