EH Bildu plantea movilizar y construir 60 000 viviendas asequibles en Euskadi en diez años, 30 000 de nueva construcción
Plantea una alianza público-comunitaria formada por instituciones vascas, fundaciones bancarias y EPVS para promover vivienda nueva y responder así a la emergencia habitacional en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
EH Bildu ha presentado una estrategia integral para hacer frente a la crisis de la vivienda en Euskadi, mediante la movilización y construcción de un total de 60 000 viviendas asequibles durante la próxima década.
Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha desgranado esta propuesta en la jornada que EH Bildu ha celebrado en Tabakalera de Donostia-San Sebastián sobre política de vivienda.
Este proyecto, denominado 'Posible 30K', parte de la premisa de que la actual situación habitacional constituye una “emergencia social” con consecuencias económicas y sociales que “podrían derivar en una fractura social" si no se adoptan medidas estructurales.
La propuesta se sustenta sobre tres principios fundamentales: desmercantilizar la vivienda para que deje de funcionar como "un activo financiero especulativo", priorizar el uso residencial frente a otros usos, y ampliar de forma significativa el parque público de vivienda asequible.
En una primera fase, la iniciativa plantea movilizar 30 000 viviendas aprovechando el parque inmobiliario ya existente. Para ello, se propone recuperar 15 000 viviendas vacías de las aproximadamente 25 000 consideradas movilizables, devolver al uso residencial 5000 viviendas turísticas y generar otras 10 000 mediante procesos de regeneración y redensificación urbana.
Los impulsores de la propuesta consideran que esta vía permitiría incrementar la oferta habitacional de forma más rápida que la construcción de nueva vivienda, actuando sobre recursos ya disponibles en el territorio.
La segunda vertiente del plan contempla la promoción de otras 30 000 viviendas públicas de nueva construcción en diez años. Para desarrollar esta operación, la iniciativa propone la creación de una gran alianza público-comunitaria integrada por el Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, fundaciones bancarias y entidades de previsión social voluntaria (EPSV).
Además, esta iniciativa prevé la creación de una nueva entidad público-social denominada “Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea” (EESE), que se encargaría de promover vivienda protegida en régimen de alquiler, venta y cesión de uso, priorizando especialmente el alquiler asequible.
Según el documento, el Gobierno Vasco aportaría inicialmente 1000 millones de euros y las entidades sociales otros 1000 millones adicionales. A ello se sumarían hasta 1500 millones de euros de financiación complementaria procedente del ICO y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), alcanzando un volumen total de inversión cercano a los 3500 millones de euros.
La iniciativa también contempla la compra y rehabilitación de edificios para incorporarlos al parque público de vivienda y plantea un modelo basado en suelo público cedido mediante derechos de superficie de 75 años. Finalizado ese periodo, las viviendas revertirían a la administración pública sin costes adicionales, garantizando así la consolidación de un parque público estable y permanente.
El proyecto defiende además la necesidad de coordinar las políticas de suelo entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco, así como agilizar los trámites administrativos para acelerar la puesta en marcha de promociones residenciales asequibles.
Los promotores de 'Posible 30K' sostienen que la iniciativa permitiría transformar el mercado residencial vasco y avanzar hacia un nuevo modelo centrado en el derecho a la vivienda y el bienestar colectivo.
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