El juez cuestiona la continuidad de la investigación por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo

El juez que instruye la investigación por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo ha abierto la puerta a una posible paralización del procedimiento judicial tras una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Getxo ha acordado suspender las declaraciones de dos técnicos que estaban previstas para este viernes y ha solicitado a todas las partes personadas que presenten sus alegaciones sobre una resolución del TSJPV dictada el pasado 9 de junio. El magistrado quiere conocer si consideran que la investigación penal debe continuar o si, por el contrario, la sentencia tiene consecuencias que aconsejen poner fin al procedimiento.

La investigación analiza el derribo del palacete Irurak Bat, un edificio del siglo XIX ubicado en Getxo, para la construcción de viviendas de lujo por parte de una cooperativa en la que participaban, entre otros socios, varios concejales del PNV. En la causa hay actualmente diez personas investigadas.

Según recoge el auto judicial, la sentencia del TSJPV ha sido incorporada como prueba documental debido a su "posible relevancia" para las diligencias. El juez considera que su contenido podría influir en la valoración jurídico-penal de las conductas que se investigan.

Además, el juzgado ha decidido dejar en suspenso la petición de varias defensas para impedir que la Ertzaintza acceda al contenido de los dispositivos electrónicos incautados durante los registros realizados en el marco de la investigación. Esta cuestión quedará pendiente hasta que se determine si el procedimiento sigue adelante.

La sentencia del TSJPV a la que hace referencia el juzgado resuelve sobre una licencia de derribo correspondiente a otro edificio distinto al palacete Irurak Bat. No obstante, según las partes personadas, la resolución concluye que el inmueble de Getxo no contaba con protección básica como Bien Cultural.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getxo y abogado de la acusación popular, Eduardo Andrade, ha destacado que el instructor dispone de tres informes que sostienen que el palacete estaba protegido y no podía ser derribado. Entre ellos figuran documentos elaborados por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, el Gobierno Vasco y uno de los peritos cuya declaración ha sido suspendida.

Andrade ha señalado que la sentencia del TSJPV aplica la normativa vigente en 2019, mientras que el derribo de Irurak Bat debe analizarse a la luz de los cambios legislativos introducidos en 2022. A su juicio, una de las cuestiones que deberá aclarar la investigación es si podía derribarse parte del edificio conservando algunas fachadas o si la protección impedía cualquier actuación de ese tipo.

El representante de la acusación popular considera, además, que el aspecto más relevante de la causa será determinar si existen indicios de un posible delito de prevaricación por parte de funcionarios y responsables municipales relacionados con la concesión de la licencia.

El auto dictado por el juzgado no es firme y puede ser recurrido ante instancias superiores.